El Partido Popular de Carreño quiere denunciar un hecho que pone de manifiesto el nulo rigor del Gobierno de PSOE e IU en la gestión del dinero público, y la deficiente tramitación del Plan General de Ordenación de este concejo: el Ayuntamiento de Carreño gastó 7000 euros en el informe jurídico del PGOU, habiendo tenido la posibilidad de obtener dicho informe con medios propios.
El Alcalde contrató con un profesor de la Universidad de Oviedo “la dirección jurídica de los trabajos de elaboración del PGOU de Carreño”, lo cual se tradujo en un informe a esos efectos, por un precio de 6000 euros más IVA. Con dicha actuación, el Gobierno local ha incumplido la ley por los siguientes motivos:
1) La disposición adicional segunda de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, establece que en el ámbito de las Corporaciones locales, el asesoramiento legal “son funciones públicas, cuyo cumplimiento queda reservado exclusivamente a funcionarios”, y concretamente en el caso que nos ocupa, al funcionario nombrado para ejercer como Secretario de la Corporación. Por si esto fuera poco, la plantilla municipal dispone de dos Técnicos de Administración General, licenciados en Derecho, debidamente cualificados para emitir informes como el encargado por el Ayuntamiento. En definitiva: el asesoramiento legal está reservado a funcionarios, y en el caso de Carreño se dispone del número suficiente, y debidamente cualificado para llevar a cabo el mismo. Resulta curioso que los mismos que critican en tantas ocasiones las privatizaciones, procedan en casos como el que nos ocupa a hacer la peor de dichas privatizaciones, la del asesoramiento jurídico legalmente reservado a funcionarios públicos.
2) De acuerdo con el artículo 173 del Real Decreto 2568-1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades locales, el Alcalde pudo haber solicitado del Secretario el informe por el que se pagó casi 7000 euros.
3) La tramitación del expediente adolece de irregularidades, dado que al contrato se le atribuyó naturaleza privada, cuando debió aplicarse la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, por tratarse de un servicio jurídico englobado en el Anexo II de dicha ley, es decir, el Gobierno quiso esquivar la aplicación de la legislación de contratos de las Administraciones Públicas.
Todo ello nos lleva a concluir que el Gobierno de PSOE e IU desprecia a los funcionarios del Ayuntamiento al contratar con terceros servicios que deberían ser prestados por los propios empleados públicos, y tiene una afición preocupante por el derroche del dinero público. Desde el Partido Popular de Carreño instamos al Gobierno local a que no vuelva a proceder del mismo modo en relación con los informes del PGOU que aún quedan pendientes.
El Alcalde contrató con un profesor de la Universidad de Oviedo “la dirección jurídica de los trabajos de elaboración del PGOU de Carreño”, lo cual se tradujo en un informe a esos efectos, por un precio de 6000 euros más IVA. Con dicha actuación, el Gobierno local ha incumplido la ley por los siguientes motivos:
1) La disposición adicional segunda de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, establece que en el ámbito de las Corporaciones locales, el asesoramiento legal “son funciones públicas, cuyo cumplimiento queda reservado exclusivamente a funcionarios”, y concretamente en el caso que nos ocupa, al funcionario nombrado para ejercer como Secretario de la Corporación. Por si esto fuera poco, la plantilla municipal dispone de dos Técnicos de Administración General, licenciados en Derecho, debidamente cualificados para emitir informes como el encargado por el Ayuntamiento. En definitiva: el asesoramiento legal está reservado a funcionarios, y en el caso de Carreño se dispone del número suficiente, y debidamente cualificado para llevar a cabo el mismo. Resulta curioso que los mismos que critican en tantas ocasiones las privatizaciones, procedan en casos como el que nos ocupa a hacer la peor de dichas privatizaciones, la del asesoramiento jurídico legalmente reservado a funcionarios públicos.
2) De acuerdo con el artículo 173 del Real Decreto 2568-1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades locales, el Alcalde pudo haber solicitado del Secretario el informe por el que se pagó casi 7000 euros.
3) La tramitación del expediente adolece de irregularidades, dado que al contrato se le atribuyó naturaleza privada, cuando debió aplicarse la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, por tratarse de un servicio jurídico englobado en el Anexo II de dicha ley, es decir, el Gobierno quiso esquivar la aplicación de la legislación de contratos de las Administraciones Públicas.
Todo ello nos lleva a concluir que el Gobierno de PSOE e IU desprecia a los funcionarios del Ayuntamiento al contratar con terceros servicios que deberían ser prestados por los propios empleados públicos, y tiene una afición preocupante por el derroche del dinero público. Desde el Partido Popular de Carreño instamos al Gobierno local a que no vuelva a proceder del mismo modo en relación con los informes del PGOU que aún quedan pendientes.