viernes, 21 de julio de 2017

Albergue de animales, sí. Chiringuito-consorcio, no

El albergue es una necesidad y que se haga mediante la cooperación entre municipios es algo bueno para todos. En ese sentido, decimos sí al albergue. Sin embargo, creemos que la elección del consorcio como fórmula para llevar a cabo la compra del terreno, la construcción del albergue y su posterior gestión, es un error. Un error porque la firma de un convenio entre los Ayuntamientos, estableciendo las obligaciones financieras de cada parte, y la posterior encomienda al Ayuntamiento de Avilés, que es el mayoritario, al objeto de que saque a licitación la gestión de las instalaciones, es una fórmula menos costosa, más simple y por ende más beneficiosa para los vecinos.

Del consorcio desconocemos qué coste va a suponer, porque el PSOE probablemente termine poniendo un gerente al frente. Tampoco sabemos si pretenden que sea personal del consorcio el que gestione el albergue, o si quieren que sea una empresa a través de una licitación. Todo eso hay que aclararlo y los socialistas no quieren, del mismo modo que tampoco hay ningún informe que justifique por qué es necesaria la creación de un consorcio, y este es un aspecto que la ley exige que se acredite antes de su puesta en marcha.

En consecuencia, no se puede engañar a la gente. Para que haya albergue, no es necesario crear una nueva estructura con más gasto y más burocracia. A la izquierda le preocupa más el consorcio que el albergue, por eso están llevando a toda prisa este asunto a los plenos municipales y se niega a discutir la fórmula para la gestión. Este no es un asunto baladí.  En el PP queremos bajar impuestos y que se reduzca el gasto público, y eso no es posible si no ponemos coto a esta plaga de los  chiringuitos que tanto gustan al PSOE. Por todo lo expuesto, en Carreño defendemos la idea de albergue sí, chiringuito no, lo cual es coherente con nuestras propuestas relativas a otros chiringuitos como el de la mancomunidad del Cabo Peñas.

LA NOTICIA EN LA PRENSA:

miércoles, 19 de julio de 2017

El PSOE esconde el estudio para el desarrollo de Albo

A preguntas del PP a principios de este año, supimos que en febrero había sido entregado el trabajo realizado por un arquitecto privado con un coste de 6000 euros, aproximadamente, para el desarrollo urbanístico del entorno de Albo, que engloba a las unidades de actuación de más relevancia para la evolución urbana de la capital del concejo. Pues bien, han pasado cinco meses desde entonces, y a pesar de reiteradas peticiones, el Gobierno se niega a entregar a los grupos municipales el referido estudio, con la única excusa de que primero se lo han dado a la familia para que haga alegaciones. En este punto hay que señalar que no es incompatible que lo tenga la familia con informar a los grupos políticos de la oposición. Además hay que recordar que ese supuesto trámite de alegaciones al que aluden la alcaldesa y el concejal de Urbanismo, son un invento al margen de la ley, dado que han pasado más de 5 meses y no hay trámite tan extenso en el ordenamiento jurídico. ¿Es un trámite de alegaciones indefinido?. 

Visto lo anterior, la pregunta es clara, ¿por qué el PSOE esconde en un cajón el plan para Albo?. ¿Acaso no estamos ante un asunto que puede condicionar el futuro urbanístico de Candás y que debería ser tramitado con transparencia y un mínimo de agilidad?. Es lamentable, pero la alcaldesa y su gobierno se comportan como si fueran propietarios del Ayuntamiento, y a los grupos de oposición nos tratan como enemigos a los que se niega la información indispensable para hacer nuestro trabajo. De este modo, la gente tiene derecho a saber que hay un plan para Albo escondido, que el Gobierno lleva cinco meses paralizado con este tema como con tantos otros, y que el desarrollo urbanístico del concejo y específicamente de Candás tendrá que seguir esperando a la espera de que los gobernantes salgan del letargo, pese a que ya estamos en pleno verano.

LA NOTICIA EN LA PRENSA:

martes, 11 de julio de 2017

Es prioritario determinar las inversiones del remanente de 2016

Desde el pasado 29 de junio están en vigor el presupuesto del Estado para este año, en el que se confirma que, como venía sucediendo en años anteriores, el Ayuntamiento puede gastar el dinero del remanente del año 2016 en inversiones financieramente sostenibles, esto es, inversiones que tengan una vida útil superior a los cinco años, y que tengan por objeto programas tales como:

Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas; recogida, eliminación y tratamiento de residuos; alumbrado público; protección y mejora del medio ambiente; mejora de las estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos; industria; energía; comercio; ordenación y promoción turística; promoción, mantenimiento y desarrollo del transporte; infraestructuras del transporte; recursos hidráulicos; investigación científica, técnica y aplicada; sociedad de la información y gestión del conocimiento; ordenación del tráfico y del estacionamiento; vías públicas; parques y jardines; protección del Patrimonio Histórico-Artístico; carreteras; caminos vecinales y gestión del patrimonio (aplicadas a la rehabilitación y reparación de infraestructuras e inmuebles propiedad de la Entidad Local afectos al servicio público).

En el caso de Carreño, y por los datos de que disponemos, el remanente de 2016 asciende a 1200.000 euros aproximadamente, que el Ayuntamiento podrá gastar en inversiones que pueden beneficiar directamente a los vecinos al estar relacionadas con servicios públicos municipales de carácter esencial. En ese sentido, la legislación nacional que regula este tipo de inversiones garantiza que el dinero se gaste en la mejora de los servicios públicos, evitando así que pueda ser distraído en aumentar el gasto corriente sin que ello tenga una repercusión adecuada en los contribuyentes.

Por todo ello, pedimos a la alcaldesa que haga algo que hasta ahora no ha hecho: iniciar la negociación entre los diferentes grupos políticos para decidir el destino del remanente. Es un asunto sobre el que se podía haber avanzado ya, pero que al día de la fecha sigue pendiente.

Desde el PP creemos que, después de que el PSOE y Somos no quisieron incluirlo en el presupuesto, es necesario afrontar con el remanente el arreglo del machacado pavimento del paseo marítimo, inversión que cuando fue incluida inicialmente en el borrador del presupuesto de este año, se había valorado en más de 200.000 euros. Asimismo,  vamos a solicitar que se incluya en el remanente el saneamiento del barrio de Calera en la parroquia de Albandi que, según nos informó, podría ascender a 300.000 euros. Con el resto del dinero consideramos que lo prioritario es  arreglo de caminos rurales, mejorar aceras,  pavimentación e iluminación de calles de Candás, y realizar obras de saneamiento. Creemos que es posible llegar a un acuerdo muy amplio en el seno de la corporación. Cuanto más se demore esta cuestión, más tardará el inicio de las obras.

LA NOTICIA EN LA PRENSA:

viernes, 30 de junio de 2017

Pleno de junio de 2017 del Ayuntamiento de Carreño

Pleno celebrado el 29 de junio  de 2017.

Asistentes: todos los concejales de la corporación excepto Víctor García (PP), por encontrarse fuera de España.

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión extraordinaria de fecha 8 de mayo de 2017.- 

2. Dación de cuenta: informes de morosidad periodo medio de pago del primer trimestre del 2017. 

3. Dación de cuenta: ejecución presupuestaria primer trimestre 2017. 

4. Manifiesto contra el PP por el dinero que el presupuesto del Estado destina a la lucha contra la violencia de género.

RESULTADO DE LA VOTACIÓN: APROBACIÓN.
SÍ: 13. PSOE(6),SOMOS(4),IU(3).
NO: 3. PP(3).
ABSTENCIÓN: 0.

5. Estudio de implantación de centro de depósito y refugio de perros y gatos: recurso de reposición. 

RESULTADO DE LA VOTACIÓN AFAVOR DE INADMITIR EL RECURSO: APROBACIÓN.
SÍ: 9. PSOE(6), PP (3).
NO: 0
ABSTENCIÓN: 7. SOMOS(4), IU(3).

Votamos a favor de la inadmisión del recurso por la improcedencia del mismo (frente al acuerdo plenario de febrero únicamente cabía recurso contencioso administrativo), y por su interposición fuera de plazo.

6. Solicitud de compatibilidad segunda actividad. 

RESULTADO DE LA VOTACIÓN: APROBACIÓN POR UNANIMIDAD.

El informe jurídico es favorable al reconocimiento. La compatibilidad es para que una educadora infantil a media jornada, pueda trabajar contratada por la empresa adjudicataria del servicio de comedor del Colegio San Félix,  haciendo funciones de cuidadora.

7. Dación de cuenta: resoluciones de la alcaldía de mayo de 2017. 

8. Dación de cuenta de resoluciones Judiciales: sentencia 854/2017. Tribunal Supremo. Recurso Casación 147/2016; sentencia 476/2017. TSJ. Asturias. P. Ordinario: 386/2016; sentencia 485/2017. TSJ Asturias. P. Ordinario 383/2016; sentencia 116/2017. Juzg. Contencioso/Administrativo nº 1 de Gijón. P. Abreviado 264/2016; sentencia 121/2017. Juzgado Contencioso/Administrativo nº 1, Gijón. P. Ordinario: 345/2015.

9. Moción de IU para la reprobación del concejal de Urbanismo.

RESULTADO DE LA VOTACIÓN: APROBACIÓN.
SÍ: 10. PP(3), SOMOS(4), IU(3).
NO: 6. PSOE(6).
ABSTENCIÓN: 0.

Argumentos esgrimidos por el Partido Popular:

La catalepsia es un  estado biológico en el cual la persona yace inmóvil, en aparente muerte y sin signos vitales, cuando en realidad se encuentra viva en un estado que podría ser consciente o inconsciente, lo que puede a su vez variar en intensidad: en ciertos casos el individuo se encuentra en un vago estado de conciencia, mientras que en otros pueden ver y oír a la perfección todo lo que sucede a su alrededor. Pues bien, después de 18 años de gobierno socialista en Carreño, se puede decir que con esta iniciativa de reprobación, IU sale, no sabemos si momentánea o permanentemente del estado de catalepsia en el que ha vegetado a lo largo de todos estos años, en los que su función principal ha sido la de  muleta del PSOE o espectador silente frente a sus acciones dañinas para los intereses generales de Carreño. Desde el PP nos alegramos de este signo de vida por parte de IU, porque Carreño necesita una oposición rigurosa no sólo desde el ámbito del centro derecha, que es la que representamos nosotros, sino también desde la izquierda. Son demasiados años de un PSOE que se desenvuelve en este Ayuntamiento con incompetencia, muchas falsedades y una gran dosis de sectarismo, y eso requiere una acción coherente y alternativa por parte de grupos políticos que, discrepando en muchas cosas, lo cierto es que en conjunto representamos a muchos más vecinos que los que representa el PSOE que, no lo olvidemos, gobierna este concejo con menos del 30% de los votos.

La iniciativa de IU plantea la reprobación del concejal de Urbanismo, y en este momento queremos referir que al principio de este mandato, el grupo municipal popular apoyó la liberación de dicho concejal, , y lo hicimos porque entendíamos que un edil que ostenta la primera tenencia de alcaldía (aquí abro un paréntesis para señalar algo curioso, porque si nos damos cuenta, en este mandato ya no se utiliza el término de vicealcalde, sí, ese título que popularizó la actual alcaldesa cuando entre 2011 y 2015 ejerció como segunda de Ángel Riego, y se hacía llamar vicealcaldesa). Pues bien, egolatrías aparte, decía que un concejal que además de primer teniente de alcalde es responsable de urbanismo, medio ambiente, personal y deporte, en un municipio como el nuestro con un presupuesto de en torno a 14 millones de euros, en principio tiene suficientes responsabilidades como para estar en régimen de dedicación exclusiva. Es por ello que aprobamos una liberación de  aproximadamente 35.000 euros, si bien en este caso la actualización de  esta cantidad se produce en la misma cuantía que las retribuciones de los empleados públicos, por lo que este salario no ha experimentado el vertiginoso incremento del 8% que han tenido  en 2017 los emolumentos de la alcaldesa, algo que por cierto nosotros quisimos revertir con una iniciativa en este Pleno que fue rechazada por el PSOE, Somos e IU.

Dicho lo anterior, y transcurridos más de dos años desde que empezamos la andadura de este ciclo de cuatro años que es el mandato municipal, tenemos que decir claramente que los hechos nos hacen concluir que el trabajo del primer teniente de alcalde y de quien manda sobre él hasta el último detalle, la alcaldesa, son muy insatisfactorios.

En este tiempo, el área de urbanismo ha seguido funcionando del mismo modo que lo haría bajo cualquier signo político, es decir, se tramitan las solicitudes y licencias urbanísticas que son actos reglados que dependen de los informes técnicos y que no conllevan ningún tipo de actuación política. Sin embargo, echamos de menos y ahí radica el núcleo del problema, el trabajo de impulso y decisión de los responsables políticos que son la alcaldesa y su equipo.

Por ir al problema concreto en materia de urbanismo, el pecado original reside en la aprobación al final del mandato municipal 2007- 2011,  de un Plan General de Ordenación por 9 votos frente a 8, es decir, sin consenso. En aquel momento, fue aprobado por el PSOE, URAS e IU, con dos concejales que por aquel entonces estaban tan entregados a los socialistas que parecían todos del mismo grupo. Por lo tanto, partimos de un instrumento de ordenación con mucha contestación política y vecinal, como prueba el reguero de recursos judiciales que siguió a su publicación.

Nuevamente brilló por su ausencia el consenso político cuando dentro del mandato 2011- 2015,  se  modificó el Plan General de Ordenación al objeto de resolver un problema que afectaba a una  sola persona, y se hizo con los votos del PSOE, IU, PCPE y Compromiso por Carreño. Desde el PP no votamos a favor porque entendíamos que para tratar a todos los vecinos por igual, era necesario que la modificación del planeamiento tuviera en cuenta las muchas reivindicaciones existentes entre los vecinos de Carreño.

Asimismo al inicio del anterior mandato 2011-2015,  el PSOE huyó del acuerdo político y vio derrotados sus planteamientos en este Pleno cuando trajo para su aprobación una ordenación urbanística de Perlora y Carrió echa a espaldas de los vecinos. Tras aquella decisión plenaria, en lugar de sentarse con vecinos y el resto de partidos políticos para llegar a un acuerdo y cerrar el planeamiento urbanístico en esas dos parroquias, la actitud del Gobierno local fue la de abandonar este asunto, de tal manera que llegamos a las siguientes elecciones, las de 2015 con los deberes pendientes.

Precisamente fue durante la campaña electoral de esas elecciones de 2015 cuando la alcaldesa y miembros de su  candidatura se reunieron con la asociación de vecinos de Perlora y les prometieron que el PSOE buscaría el consenso para hallar soluciones a los problemas urbanísticos de la parroquia.

De este modo, nos situamos ya en el presenta mandato, y nos encontramos con que en septiembre de 2015, se dictó la sentencia por la que se anuló el texto refundido del Plan General porque el Gobierno del PSOE lo aprobó ignorando la competencia de este Pleno. Esta sentencia es  ya del período en el que la actual alcaldesa y el concejal de Urbanismo están al mando de esta materia, y llegó sin tener resuelto el problema de la falta de planeamiento de Perlora y Carrió. Pues bien, hemos pasado el ecuador del mandato y constatamos que:

1) El Gobierno tardó año y medio en traer a este Pleno una propuesta de planteamiento para Perlora y Carrió. La trajeron a la sesión de abril, era la misma que fue derrotada el pasado mandato, y nuevamente vino sin acuerdo, ni con vecinos ni con partidos de la oposición por lo que consecuentemente fue rechazada.

2) Enlazando con lo anterior, han pasado casi dos años desde esa sentencia, y seguimos con un texto refundido anulado, sin que el Gobierno haya sido capaz de plantear una propuesta de resolución.

3) Durante varios meses hubo reuniones entre la asociación de vecinos de Perlora y el Gobierno, reuniones en las que hubo avances pero que por motivos no explicados por parte de la alcaldesa y el concejal de Urbanismo, terminaron con un portazo del PSOE  y todo quedó en agua de borrajas. Por cierto, en estas reuniones los vecinos solicitaron, y nosotros también, el hecho de que los partidos políticos de la oposición estuviéramos presentes en esas reuniones, pero la alcaldesa siempre se negó porque esa petición no fue atendida en ningún momento.

4) De todo lo expuesto concluimos que hasta ahora el PSOE no ha tenido voluntad política para llegar a acuerdos y alcanzar soluciones. No ha existido hasta el momento voluntad de diálogo y de pacto. En diferentes ocasiones hemos pedido estar en la mesa que se constituyó entre vecinos y Gobierno, y lo pedimos porque como representantes de la ciudadanía y miembros del Pleno municipal, que es el órgano llamado a tomar decisiones, siempre hemos pensando que el diálogo entre todas las partes afectadas es la vía pertinente para encontrar soluciones. Sin embargo, hasta ahora ha sido imposible. Lo fácil los socialistas lo están convirtiendo en extraordinariamente complicado.

5) En este punto los vecinos tienen que entender una cosa: un Ayuntamiento es una administración presidencialista en el que la gestión del día a día corresponde al Gobierno y la jefatura sobre el personal la ostenta la alcaldía. Los concejales que estamos en la oposición no podemos entrar en la oficina técnica y ordenar esto o aquello a los funcionarios. Con todo esto quiero decir que si el Gobierno local permanece en una actitud de dejadez y bloqueo como hasta ahora, será muy complicado avanzar porque en este materia es necesario el trabajo codo a codo con el personal municipal técnicamente cualificado para abordar estas cuestiones. Por eso desde el PP reiteramos a la alcaldesa que debe bajar de ese pedestal en el que se ha autosituado, remangarse y hacer lo que sabe que hay que hacer: hablar con las partes y llegar a acuerdos.

6) El modelo alternativo para el urbanismo de Perlora y Carrió y de todo el concejo, por nuestra parte, es muy claro. Vamos a repetir lo que ya hemos dicho varias veces en relación con este asunto:

"Ante el grave problema de los vecinos de Carrió que solicitan su realojo, se prevé la existencia de suelo clasificado como urbanizable en el Bandín. Desde el Partido Popular consideramos que un Plan General que tiene vocación de futuro, no debe contemplar suelo urbanizable en una zona degradada medioambientalmente al objeto de realojar a personas que precisamente buscan el cambio de domicilio por razón de las adversas condiciones medioambientales en las que viven. Parece mucho más adecuada la reserva de suelo en otras partes del concejo. La propuesta del PP de reservar suelo urbanizable alrededor de los núcleos rurales con destino a vivienda unifamiliar, facilitaría la solución de este problema."

Y en cuanto al ámbito de Perlora señalábamos:

"Una simple lectura de la descripción de las unidades de actuación, permite concluir que el reparto de los beneficios y las cargas entre las distintas unidades, es claramente contraria al principio de equidad, pues de forma injustificada, se reduce o eleva sobremanera el porcentaje de cargas exigidas a los propietarios. Este hecho no es sólo contrario a los derechos de los particulares, sino que perjudica gravemente el propio desarrollo urbanístico del concejo, pues convierte en inviables numerosas unidades de actuación."

7) A lo anterior, y como prueba de inacción en materia de urbanismo, se suma el total oscurantismo del Gobierno que sigue sin informar del plan especial para el entorno de Albo, pese a que el proyecto ya ha sido finalizado por el arquitecto contratado al efecto. Este es otro ejemplo de un tema importante del que el Gobierno no quiere hablar con el resto de partidos ni informar a la ciudadanía.

Para nosotros la ineficacia, la incompetencia, la chulería, que son los comportamientos exhibidos por la alcaldesa y su gobierno, son las cuestiones de fondo verdaderamente reprobables. Lo del artículo de opinión que como bien dice el concejal de Urbanismo ha firmado libremente, aunque probablemente ha escrito otra persona, en efecto es reprobable porque está lleno de lugares comunes, frases autoexculpatorias y falsedades en forma de acusaciones que no se concretan en nada, pero como la propaganda y la mentira son tan habituales en el gobierno del PSOE de Carreño, que estamos casi todos acostumbrados. Para el Partido Popular, lo más grave y reprobable es tener un gobierno municipal tan incapaz y negado al diálogo que, después de varios años, sigue dando vueltas a la noria de la soberbia. Por todo ello, sobran los motivos para aprobar esta reprobación que tiene efectos políticos y en un gobierno sensato debería tener la repercusión necesaria para ponerse a trabajar con actitudes y comportamientos totalmente distintos a los existentes hasta ahora.

El PP no ha planteado en este momento suprimir la liberación del concejal de Urbanismo para no dar al gobierno local la excusa necesaria para que aleguen que se busca la paralización del área de gobierno correspondiente. No obstante, queremos advertir de que si pasan varios meses y seguimos igual, tendremos que plantear esta cuestión porque este Ayuntamiento no puede pagar un suelo a quien no alcanza unos objetivos mínimos y exigibles, ni podemos permitirnos el riesgo de que este mandato sea una página en blanco en materia de urbanismo. Por supuesto que se autorizan licencias y hay gente que construye casas, pero eso no es todo. El PGO necesita ya cambios, y la anulación del texto refundido por los errores de los socialistas y la falta de planeamiento de Perlora y Carrió, son escollos que nos impiden avanzar.

Señora alcaldesa, señor concejal de Urbanismo: dejen las fotografías y los artículos falsarios, y pónganse a trabajar con buena fe, ánimo de acuerdo y defensa del interés general. 

10. Ruegos y preguntas formuladas por el Partido Popular.

1. En la última comisión informativa de recursos humanos celebrada la semana pasada, el Gobierno local  no fue capaz de explicar por qué pese a recibir  más dinero del Principado, el salario de las educadoras no ha subido nada. Lo único que nos han transmitido desde la concejalía responsable de personal es que con la subvención autonómica de este año, la escuela infantil previsiblemente “no tendría pérdidas”. Realmente lo de hablar de pérdidas en relación con un servicio público, es muy llamativo porque si hiciéramos el mismo razonamiento para el resto de la actividad municipal, también estaríamos hablando de pérdidas, y sobre todo, con ese planteamiento tan basado en la “eficiencia”, el Gobierno local no haría algunas inversiones ruinosas que figuran, sin ir más lejos, en el presupuesto de este mismo año.

Desde nuestro punto de vista todo es mucho más sencillo: el Principado da más dinero al Ayuntamiento para la escuela infantil, uno de los apartados de la subvención se refiere a los gastos de personal, el cual se ve incrementado. El convenio que hemos firmado admite que se incremente el salario del personal educador con cargo a esa subvención, por lo que, dado que existe tal posibilidad y teniendo en cuenta el salario de las educadoras, lo justo y razonable es que se produzca ese incremento.

El curso ya ha terminado y la alcaldesa y su concejal de personal siguen sin resolver un problema que lleva coleando desde que se aprobó la adenda al convenio con el incremento de la subvención el pasado mes de diciembre. Es hora de que haya respuestas por parte del Gobierno. El PSOE sabe que el resto de grupos de la oposición le reclama que se cumpla el convenio con el Principado y se incrementen los salarios tal y como permite dicho convenio, por lo que desde el PP exigimos a la alcaldesa que abandone la cerrazón y resuelva de una vez este problema enquistado.

La alcaldesa ha respondido que se informará de este asunto en la próxima comisión informativa de personal a celebrar la semana que viene, y que el incremento salarial se hará dentro de los límites que fija la ley, sin aportar más información  sobre un asunto que colea desde hace muchos meses sin que el gobierno local aporte soluciones concretas.

2. Seguimos con el asunto de la educación porque tenemos noticia de que la concejala de esa materia, señora Tascón, en una reunión con personal docentes y AMPA del colegio Poeta Antón, afirmó que si la AMPA no renunciaba a la reclamación presentada en el período de reclamaciones de la ordenanza que fija los precios del servicio de comedor del Colegio San Félix,este último se quedaría sin comedor. Nosotros no sólo consideramos que dicha afirmación es una salida de tono, sino que afirmamos que es rotundamente falsa. Esa reclamación es un derecho, y dado que la ordenanza es provisional, si hay que corregir algo se corrige y no hay problema. Lo que piden los padres es que el Ayuntamiento trate igual a los dos colegios, lo que se traduce en que si se ha licitado desde esta administración el servicio de comedor en los meses de junio y septiembre, así como el servicio de desayuno a las 7.30h para el colegio San Félix, estos padres y madres quieren saber por qué ese mismo servicio en el Poeta Antón lo tienen que organizar y pagar de la asociación de padres y madres a un coste mayor que el de la licitación del San Félix. Ahí hay una pregunta que tiene que ser respondida, y desde nuestro punto de vista pasa porque el Ayuntamiento licite el servicio de la discordia, es decir, el de las 7.30, junio y septiembre,  también para el colegio Poeta Antón.

La alcaldesa y la concejala de educación, Cecilia Tascón, han señalado que la intención del gobierno local es tratar por igual a los dos colegios, pero no han informado de cuándo se piensa sacar a licitación el servicio de comedor para el Poeta Antón referido a los meses de junio y septiembre y al desayuno de las 7.30h.

3. En relación con el dinero de COGERSA y la parroquia de Tamón, queremos que la alcaldesa y el concejal de medio rural se comprometan ante este pleno a que no van a dedicar el dinero de dicha subvención a lo que quiera el gobierno local ignorando la voluntad de los vecinos, es decir, que van a respetar lo que plantea la asociación de vecinos San Juan de Tamón. Asimismo pedimos que adquieran el compromiso público de que el expediente para la determinación de la titularidad camino para el que los vecinos piden la inversión del dinero de COGERSA, va a ser tramitado con agilidad y transparencia, no con desidia y con el objetivo de malograr esta inversión.  Por cierto, este grupo municipal es conocedor de una reunión muy reciente de la alcaldesa y persona municipal con una vecina a la que se le dice que determinado camino es privado, cuando resulta que el mismo no sólo es de uso público, sino que dispone de infraestructuras pagadas por el propio Ayuntamiento.  Todo lo anterior, unido a la falta de información sobre el expediente relativo a la situación de los caminos privados de uso público y la parcelación de fincas, nos permite señalar que en este asunto hay mucha oscuridad por parte del gobierno. La alcaldesa y el concejal de medio rural se dedican a llamadas y reuniones y mientras tanto, los expedientes con documentación, publicidad y resoluciones, brillan por su ausencia.

De la respuesta de la alcaldesa y del concejal de medio rural, Manuel Noceda, sacamos la conclusión de que por puro sectarismo, el PSOE sigue negando el pan y la sal a los vecinos de Tamón. No hay un compromiso del gobierno municipal en invertir el dinero de la subvención en lo solicitado por los vecinos respecto del camino, hasta el punto de que para el caso de que no se invierta en ese camino, la alcaldesa y el concejal de medio rural ya han decidido que hay que invertir en otro camino, sin consultar la opinión ni de los vecinos ni del resto de partidos políticos. Asimismo hemos constatado que desde febrero, que es cuando los vecinos solicitaron la inversión en el camino, salvo llamadas del señor Noceda, no hubo tramitación administrativa mínimamente seria y completa para determinar su titularidad.

4. La alcaldesa presume en la prensa de que está cumpliendo la ley, porque en definitiva eso es lo que hace este Ayuntamiento al avanzar en la consecución de una administración electrónica. Pues en materia de transparencia, como también se cita por parte de la alcaldesa en esa información, queremos ponerle ejemplos claros de incumplimientos municipales. Los representantes de la asociación de vecinos San Juan de Tamón han pedido las facturas y los contratos correspondientes a las inversiones con cargo al dinero de COGERSA de determinado período temporal. De acuerdo con la ley de transparencia tienen derecho a esa información, y no a que la alcaldesa les remita un escrito en el que les dice en qué se ha gastado el dinero. Señora alcaldesa: si un vecino quiere ver una factura, tiene derecho a verla, y lo cierto es que usted está hurtándoles el derecho. ¿Quiere obligar a los vecinos a ir a los tribunales?. Mire, si la Autoridad Portuaria de Gijón reconoció el derecho de este concejal a saber lo que se le pagó a usted en concepto de dietas el año pasado, que es bastante más de lo que publica la web municipal, ¿cómo no van a poder ver los vecinos las facturas que quieran ver?.

La alcaldesa dice que no tiene problemas en enseñar facturas y contratos, pero la realidad es que hasta ahora se ha negado a responder a la solicitud de la asociación vecinal de Tamón.

5. Queremos que el Gobierno explique el desaguisado de los aparcamientos en la ciudad residencial. Si se han pintado unas líneas amarillas por razones de seguridad, ¿por qué no se hace respetar?. ¿ La policía municipal no interviene de ningún modo en la ciudad residencial?.

La alcaldesa se ha desligado de la actuación del gobierno regional y señala que la policía local no tiene competencia alguna en la ciudad residencial.

6. Queremos que la alcaldesa informe a este Pleno por la situación en la que se encuentra la denunciante ante el Defensor del Pueblo que, según supimos por la prensa, presentó el ciudadano que presentó alegaciones a la permuta de caminos que este órgano aprobó el pasado mes de diciembre. ¿ Qué se ha contestado por parte del Ayuntamiento?.

La alcaldesa ha dicho que responderá  a esta pregunta por escrito.

martes, 27 de junio de 2017

El camino torcido del PSOE...

Hoy se ha celebrado la comisión informativa de Medio Rural a las 09.00h. Uno de los puntos consistía en determinar en qué se gasta el dinero que COGERSA destina a las parroquias de Ambás y Tamón para este año, el cual  asciende a 27.000 euros para cada una de esas parroquias. Hay que especificar que se trata de un dinero respecto del que el Ayuntamiento hace más bien el papel de intermediario, y son las asociaciones vecinales las que deciden su destino con el acuerdo municipal. Hay excepciones, porque el año pasado los vecinos pedían una cosa, la comisión informativa apoyó la petición y el Gobierno local al final invirtió en otra cosa distinta.

Dicho lo anterior, el punto de discrepancia entre el Gobierno del PSOE y la Asociación de Vecinos San Juan de Tamón, era la solicitud de esta última de arreglar un camino con un coste aproximado de 17.000 euros. Los vecinos sostienen con documentación diversa que dicho camino es público, y el Gobierno del PSOE mantiene que el camino es privado, y lo hace con el argumento de que dicho camino no está en el inventario municipal.

Hay que señalar que la solicitud relativa a este camino es del pasado mes de febrero, han pasado más de cuatro meses, y si bien una actuación diligente del equipo de gobierno le hubiera llevado a iniciar en el momento de la solicitud un expediente para determinar fehacientemente la titularidad, lo cierto es que desde febrero, lo único que hicieron los socialistas fue pedir un informe al ingeniero técnico de la Mancomunidad, que se limita a constatar que el camino no está en el inventario y que "salvo prueba en contrario, es privado". Pues bien, resulta que hay sentencias que establecen que la ausencia de un camino del inventario municipal no significa que sea privado porque puede haber caminos públicos no inventariados,  los vecinos han aportado firmas de propietarios que testimonian el carácter público del camino, información catastral en la que el Ayuntamiento consta como titular, y el dato relevante de que ha habido vecinos a los que se les ha exigido el pago de una fianza por el uso del camino para sacar madera. En definitiva, hay información diversa, y lo correcto hubiese sido  que se investigara  y determinara la titularidad del camino.

La pretensión del PSOE en la comisión de hoy,  esto es, a pocos días del plazo para decir a COGERSA a qué se destina el dinero (finaliza el 30 de junio), era dejar esto del camino para el año que viene, dando otra vez un portazo a los vecinos de Tamón, y hacerlo con el argumento de que "ya no da tiempo" porque el expediente para saber de quién es propiedad, según el concejal de Medio Rural, "puede durar más de un año". Sin embargo, en este caso tanto Somos, como IU y el PP, hemos sido firmes en el sentido de sostener que si la petición vecinal se refiere al camino, lo razonable y pertinente es tramitar ese expediente para determinar la titularidad, y si se concluye que es público como parece por la información de que se dispone, proceder a la inversión. El PSOE ha perdido mucho tiempo para intentar frustrar esta inversión, pero aún es posible hacer las cosas bien si se actúa con buena fe y diligencia. Por lo tanto, el acuerdo unánime de la comisión informativa consiste en respetar la petición vecinal; compromiso del Gobierno de no gastar el dinero en otra inversión; iniciar inmediatamente el expediente para determinar la titularidad del camino y poder llevar a cabo esa inversión.

Lo que esperamos desde el PP es que el Gobierno del PSOE actúe sin sectarismo, con la diligencia mínima exigible y que deje de castigar a la Asociación de Vecinos San Juan de Tamón por el hecho de defender los derechos e intereses de los vecinos de su parroquia, sin sumisión ni a los socialistas ni al resto de partidos políticos. Habrá que estar pendientes de lo que vayan haciendo desde el ejecutivo municipal.

lunes, 12 de junio de 2017

Después de 18 años en el Gobierno de Carreño, el PSOE quiere disfrazar su pasividad frente al problema de los ruidos causados por la Y

El pasado viernes, salió en prensa la alcaldesa de Carreño cargando contra el Ministerio de Fomento por no tomar medidas contra  el ruido de la autopista de la Y. Pues bien, lo primero que hay que decir es que si el estudio al que alude es de 2006, hasta finales de 2011 gobernó su partido y no hizo absolutamente nada. Desde ese momento, fines de 2011, gobierna el PP, y es cierto que los vecinos afectados sufren un verdadero calvario por culpa de los ruidos, y en orden a la solución de esa problemática, desde el PP de Carreño nos comprometemos a exigir respuestas que esperamos que lleguen en el ámbito político, y si ello no ocurriera, apoyaremos las acciones judiciales a que haya lugar si se estuviera incumpliendo alguna obligación por parte de la Administración del Estado, cuestión que previamente debe ser estudiada. Tenemos claro que por encima de los colores políticos están la ley y el interés general. No obstante, hay que recordar que el PSOE lleva gobernando en Carreño desde hace 18 años, y es ahora cuando sacan a relucir este tema con apelación al uso de los tribunales incluida. Lo que nos preguntamos es, ¿por qué no pidieron soluciones cuando en el Gobierno de España estaba el PSOE?. Está claro que los socialistas de Carreño en este asunto parecen moverse más por criterios partidistas que por el interés general de los vecinos.

Dicho lo anterior, lo que la alcaldesa no puede hacer es ocultar su pasividad,  y lo decimos porque han pasado dos años desde que ocupa el cargo, y el famoso estudio sobre ruidos que ya anunciaron para el año pasado, sigue siendo un proyecto pero no es una realidad. Hasta el momento sólo tenemos propaganda, pero es que, además, ni la alcaldesa ni el concejal de urbanismo han sido capaces de aclarar para qué sirve ese estudio. ¿Tienen pensando alguna acción concreta como por ejemplo aprobar una ordenanza?. Porque  lo cierto es que hasta el momento no se ha estudiado ni siquiera un borrador dentro de los órganos municipales competentes. En ese sentido, instamos al Gobierno local a que encargue a los técnicos municipales la elaboración de una ordenanza sobre la materia, y su remisión a los grupos municipales para su análisis porque,  al menos en el caso del PP, desconocemos la existencia de acción alguna del gobierno de Carreño para solucionar esta cuestión. El estudio es importante, pero la ordenanza que es la norma llamada a regular la cuestión dentro del ámbito de competencias del Ayuntamiento, podría estar ya aprobada si el gobierno local hubiese tenido en este asunto algún interés.

En definitiva, si se trata de defender los derechos e intereses de los vecinos, el PP de Carreño está en perfecta disposición y de acuerdo en todas las medidas necesarias. Sin embargo, lo que no vamos a aceptar son lecciones de un gobierno municipal que acaba de despertar en este tema después de 18 años de siesta, intentando sacar tajada política con el padecimiento de los vecinos a causa del ruido.

LA NOTICIA EN LA PRENSA:

sábado, 3 de junio de 2017

Inspección de Trabajo al Ayuntamiento: los trabajadores de la empresa del Polivalente deben prestar servicios en ese edificio, pero no en otras dependencias municipales

El pasado mes de febrero, el PP de Carreño presentaba de una denuncia en la Inspección de Trabajo en la que planteábamos lo siguiente:

“ El Ayuntamiento de Carreño tiene suscrito un contrato administrativo cuyo objeto es “el servicio de recepción y control de las instalaciones del Centro Polivalente La Baragaña de Candás”. De hecho, en el pliego de prescripciones, se define claramente la prestación del servicio en referencia exclusiva al edificio del Centro Polivalente La Baragaña.

El que suscribe ha tenido noticia del empleo de los trabajadores de la empresa contratista para prestar servicios en otros edificios de titularidad municipal que nada tienen que ver con el Centro Polivalente La Baragaña, y muy señaladamente en el Teatro Prendes, que es un organismo autónomo del Ayuntamiento de Carreño. Este es un aspecto que admite la actual alcaldesa, Amelia Fernández.”

La razón de la denuncia era la violación por parte del Ayuntamiento de la legislación laboral, así como de las normas que rigen el acceso al empleo público, y al respecto detallábamos lo siguiente:

"a) La prestación de servicios en otras dependencias municipales es una mera puesta a disposición de los trabajadores de la empresa al Ayuntamiento de Carreño con un carácter inconcreto y para fines distintos del objeto del contrato.

b)  La plantilla municipal tanto en el Ayuntamiento como en sus patronatos, y concretamente en el Teatro Prendes, a diferencia de lo que ocurre con los trabajadores del Centro Polivalente, está constituida por empleados públicos, salvo la prestación de servicios públicos muy concretos que está externalizada. De este modo, en ámbitos como el Teatro Prendes, cubrir necesidades de personal con trabajadores de una empresa privada, conlleva eludir las reglas que la ley de presupuestos generales del Estado establece en materias tales como las restricciones a la contratación de personal temporal, así como eludir que la forma normal de cobertura de estas necesidades es la celebración de contratos laborales directamente por parte del organismo autónomo Teatro Prendes, o en su caso el nombramiento de funcionarios interinos, dado que todos los trabajadores de dicho organismo son empleados públicos.”

La denuncia vino después de que la alcaldesa hiciese caso omiso de la petición del PP para terminar con esta práctica. Sin embargo, ahora es la Inspección de Trabajo la que también aprecia que los trabajadores de la empresa privada que presta servicios en el Polivalente, no pueden ser utilizados para paliar necesidades de personal en otras dependencias municipales, y de este modo, según consta en un documento notificado al PP de Carreño, es la propia Inspección la que ha decidido que:

“Como resultado de las actuaciones inspectoras se realiza requerimiento a dicho Ayuntamiento para que los trabajadores de la empresa adjudicataria del servicio de recepción presten las mencionadas horas de libre disposición en el centro de trabajo para el que se adjudicó dicho servicio, esto es, el Centro Cultural Polivalente La Baragaña”.

Así pues, queda claro que el PP estaba en lo cierto al señalar la ilegalidad del atajo consistente en usar a trabajadores de una empresa privada adjudicataria de un servicio concreto,  para cubrir necesidades de personal que nada tienen que ver con ese servicio. Lo triste es que tenga que ser la Inspección de Trabajo la que se lo diga al Gobierno municipal, algo que no se hubiera producido si la alcaldesa de Carreño hubiese atendido el consejo del Partido Popular en este asunto, que fue otro que el necesario respeto de las leyes laborales y los derechos de los trabajadores, algo que los socialistas en este caso se han estado saltando a la torera.


LA NOTICIA EN LA PRENSA: