jueves, 13 de septiembre de 2018

Huertos: un derroche que el PSOE debe explicar

El proyecto de huertos urbanos ecológicos se aprobó en el verano de 2014, merced a  un pacto del PSOE con Unidad Nacionalista Asturiana (UNA), el antecedente de Somos en el Ayuntamiento. Por aquel entonces decidieron destinar 100.000 euros al proyecto de huertos urbanos. Pues bien, han pasado cuatro desde entonces, y el proyecto no sólo no ha finalizado, sino que a estas alturas aún no ha sido aprobado el reglamento regulador de esos huertos, y lo que es peor,  sigue consumiendo dinero público.

El pasado mes de diciembre, se  contrató el proyecto de acceso a los huertos, por importe de 36.000 euros. En ese sentido, desde el PP entendemos que haber gastado más de 100.000 euros en este asunto y que aún no haya visto la luz, más de cuatro años después de ponerlo en marcha, no sólo es un ejemplo de la lentitud y la ineficacia del gobierno local en el desarrollo incluso de sus propias propuestas, sino que pone de relieve cómo los socialistas tiran el dinero de los vecinos por el sumidero.

Ahora hemos sabido que Somos, uno de los impulsores de este proyecto, se desvincula del mismo y pide explicaciones. Nosotros creemos que han sido cómplices de la desastrosa llevanza de esta cuestión, y que sólo al final del mandato, cuando ven que se ha dilapidado dinero de todos los vecinos para nada, se descuelgan para eludir su propia responsabilidad.

Hay necesidades en materia de saneamiento, caminos rurales, limpieza, y en vías urbanas. Sin embargo, los socialistas han enterrado dinero en un proyecto que parece no tener fin, siendo una especie de Escorial de las lechugas y los tomates.  Desde nuestro punto de vista,  es una muestra de que los socialistas equivocan las prioridades y derrochan el dinero de los contribuyentes. Por todo ello, hemos pedido información para que los vecinos sepan con exactitud el dinero que se ha tirado a la basura con esto de los huertos.

LA NOTICIA EN LA PRENSA:

jueves, 6 de septiembre de 2018

Pleno extraordinario por el asunto de las facturas de la guardería canina

Este es el texto de la primera intervención del portavoz del PP en la sesión de hoy:


Cuando se trata de abordar un problema, resulta conveniente ir a los orígenes, a la raíz. En el caso que nos ocupa, el Partido Popular entiende que, con carácter general,  el problema esencial de este Ayuntamiento, y también es aplicable al presente caso, es la mala dirección política que imprime el Gobierno, y sobre todo, que la alcaldesa y su equipo gestionan concienzudamente mal los asuntos más importantes. Es cierto que se entretienen con los fuegos artificiales, las fotos y el colorín, pero estamos al final del mandato,  y todos los problemas vigentes al inicio del mismo hace más de tres años, ahí siguen mirándonos, pendientes de resolución.

Hecha la consideración general anterior, vayamos a lo concreto. ¿Qué ha fallado de manera estrepitosa en este asunto que hoy nos ocupa?. Pues algo tan sencillo como que se ha prestado un servicio, el de guardería canina,  sin contrato administrativo que lo respalde, y se han generado unos gastos, unas facturas, sin crédito disponible en el presupuesto municipal. Son actuaciones irregulares,  fruto de la falta de planificación del Gobierno, que tienen consecuencias negativas para todos: vecinos, proveedora y organización local.

Sobre la prestación de servicios o de suministros sin contrato, desde el Partido Popular venimos alertando desde hace mucho. Nos hemos referido en  numerosas ocasiones al suministro de combustible, ya contratado después de mucho insistir, pero aún están pendientes el material de oficina, y el suministro de energía. También nos hemos referido a la necesidad de unir las licitaciones de obras de características similares como los arreglos de caminos en el ámbito rural, o reparación de vías urbanas. Lo hacemos no porque queramos molestar a nadie, sino porque es nuestra obligación velar por una gestión más pegada a la legalidad y más eficiente, y es que con licitaciones más abiertas, que permitan la participación de más empresas, podríamos conseguir resultados más competitivos para el Ayuntamiento. Sin embargo,  es muy triste que para el PSOE, estas demandas de mejora en la actividad administrativa municipal, sean concebidas como un ataque o un intento de obstaculizar.

Pero es que no nos hemos limitado a plantear la necesidad de que se lleven a cabo determinadas licitaciones, también hemos propuesto acciones concretas en el ámbito de las necesidades de personal en materia de contratación administrativa. Así consta en el acta de la sesión plenaria celebrada el 23 de febrero de 2017, en la que se abordó una modificación de la relación de puestos de trabajo, y nosotros decíamos respecto de la propuesta de creación de la jefatura de sección de Recursos Humanos:

“En cuanto a la jefatura de sección de recursos humanos, es evidente que ante la pérdida del puesto por parte del tesorero por quien lo venía desempeñando, debido la obtención por concurso del mismo de una funcionaria con habilitación nacional, es necesario configurar un puesto de trabajo para la adscripción a dicho puesto de este funcionario que venía siendo tesorero y que tiene la condición de funcionario municipal. En ese sentido, nos parece bien que se le atribuyan funciones en materia de gestión de recursos humanos, pero creemos que en este ayuntamiento, en este momento el área administrativa que debe ser reforzada es la contratación. En primer lugar, porque observamos que no hay medios personales suficientes para afrontar el volumen de la contratación. De hecho, las obras del presupuesto no se ejecutan en plazo, y lo mismo cabe decir de las que derivan del remanente, y como hemos dicho en diferentes ocasiones, hay servicios fraccionados que siguen sin ser contratados. En segundo lugar, no puede obviarse que este es un municipio de menos de 11.000 habitantes que tiene un secretario municipal que no lleva el día a día de la contratación administrativa, ni de bienes, ni de gestión de subvenciones, ni de expedientes sancionadores, ni de licencias, ni de disciplina urbanística porque hay otros técnicos encargados de ello, por lo que no es una barbaridad decir, como decimos nosotros, que el secretario puede ocuparse principalmente de los asuntos de recursos de humanos. Por lo tanto, respecto de este puesto, consideramos que no se hace el enfoque más adecuado desde el punto de vista de sus funciones, dado que esta nueva jefatura debería colaborar en el ámbito de la contratación administrativa.”

¿Y saben lo que contestó por aquel entonces el primer teniente de alcalde?.

“Y con respecto a los puestos en sí que no estáis de acuerdo, el Jefe de Sección de Recursos Humanos que entendéis que en contratación hace falta más gente, te señalo que hay 3 personas en contratación. En recursos humanos ahora mismo estaba el Secretario. Hacía más falta. El funcionamiento interno del Ayuntamiento hay que saberlo y hay que conocerlo y patearlo día a día, y en Recursos Humanos estábamos muy en precario.”

Es importante recordar esto, porque ahora la alcaldesa esgrime la carencia de personal en el área de contratación para justificar actuaciones que se tenían que haber hecho y no se hacen, cuando hace un año y medio  su gobierno decía lo contrario. Sinceramente es algo que no nos sorprende porque en esto, el tiempo también nos ha dado la razón. No en vano, hace pocos meses el Gobierno  incorporó a una persona al área de contratación, cosa que no hubiese tenido que hacer de haber tenido en cuenta la sugerencia del PP respecto de las funciones de la actual jefatura de Recursos Humanos.

¿A dónde nos lleva todo esto?. A que en el servicio de guardería canina hay facturas sin pagar porque no existe un contrato que regule el servicio, porque si hubiera contrato, existiría crédito en el presupuesto y no sería posible contraer gastos sin consignación. En ese sentido, el servicio de guardería canina ha sido víctima de la mala planificación que, como hemos explicado, afectado a otros ámbitos de la actividad municipal.

La alcaldesa dice que no hay personal para tramitar los contratos, y arguye también que no se licitó el servicio hasta hace pocas semanas porque tenían que calcular su coste, pero lo cierto es que la ley que regula en el ámbito del Principado la situación de los perros y gatos errantes,  y las obligaciones municipales respecto de dichos animales, fue aprobada el 23 de diciembre de 2002, es decir, hace 16 años. En consecuencia, este servicio y la necesidad de licitación, no nacen a partir de junio de 2016, que es cuando la residencia Arco Iris empezó a prestar servicio para el Ayuntamiento en virtud de acuerdos verbales de su propietaria con la alcaldesa, sino que es muy anterior. Por lo tanto, en este caso, igual que en otros servicios, obras, y suministros municipales, hay un funcionamiento deficiente que tiene carácter estructural y que lleva a que teniendo que haber contratos, no los haya.

Como señalaba, la ausencia de contratos, facilita los compromisos de gasto sin crédito, y esto es lo que ha pasado en el caso que nos ocupa.

Sin embargo, que no haya contrato tampoco explica del todo la situación de las facturas, porque aunque no exista un control previo de la Intervención, nada impide que la alcaldesa y los concejales del gobierno, ejerzan respecto de su actividad y sus decisiones con incidencia en el gasto, un autocontrol que evite incurrir en gastos sin respaldo presupuestario.

En el caso de la guardería canina, nadie duda de que hay una obligación municipal respecto de los perros abandonados, pero de nuevo nos encontramos con un ejemplo de pésima gestión y nula planificación.  Vayamos al año 2017. Si el 8 de mayo de ese año,  se aprobó el presupuesto que entró en vigor un mes después, ¿cómo es posible que sólo dos meses más tarde, en agosto, no hubiera  dinero para pagar las facturas?. Si entre julio y diciembre de 2016 se gastó 10.000 euros en este servicio (esa es la cantidad real, pese a que dos facturas fueron registradas en enero de 2017), ¿por qué no se adaptó la partida del presupuesto de 2017 a la realidad?. ¿Por qué no se hicieron las modificaciones presupuestarias para evitar esta situación de gastos sin crédito?. Lo cierto es que Carreño viene recogiendo perros desde hace muchos años, por lo que no se entiende  el argumento de la alcaldesa en el sentido de que tenían que dejar pasar el tiempo para sacar el servicio a licitación y calcular su coste.

Pues bien, llegados a este punto nos encontramos en junio de 2018 con un expediente de reconocimiento extrajudicial de facturas por importe de 300.000 euros, un expediente que sucede a otro aprobado  seis meses antes por otros 200.000 euros.  Así pues, hay que aclarar que en la Comisión de Hacienda se da cuenta a los grupos de las facturas, pero la existencia de facturas sin consignación sólo se conoce por parte de los grupos de la oposición, en el momento que el Gobierno lleva este asunto al Pleno, que es el órgano competente respecto de esta cuestión.

De este modo, que los concejales que tenemos que aprobar esos gastos, pidamos información y queramos cerciorarnos con los informes necesarios de la naturaleza y características de los que estamos aprobando, es algo lógico y hasta exigible de quien como nosotros, tiene entre sus funciones controlar al Gobierno y cumplir y hacer cumplir las leyes en el ámbito de nuestras responsabilidades.

Es comprensible que pueda haber gastos imprevistos sin consignación, pero no lo es en la cuantía de la que estamos hablando en este expediente, y menos aún respecto de muchos gastos ordinarios que deberían estar planificados y contratados. Es por ello que, a la espera de la información necesaria en relación con cada factura, el Pleno rechazó el abono de las facturas sin consignación en las sesiones de junio y julio.

Precisamente al día siguiente del Pleno de julio que se celebró el 26 de ese mes, es decir, el 27 de julio, este portavoz recibió un correo electrónico de la propietaria de la guardería canina Arco Iris, en el que me manifestaba que quería hablar conmigo del asunto de las facturas. Hasta ese momento no había tenido comunicación ninguna con esta persona, y quiero dejarlo claro, porque  el PSOE ha insinuado que el PP votó la cuestión de las facturas sabiendo el problema que había con la guardería canina, y hablo del problema que deriva de las palabras grabadas al concejal Gabriel Rodríguez. Esa insinuación es totalmente falsa. Este concejal, acompañado de una persona que forma parte de la junta local del PP de Carreño, tal y como se ha constar en la denuncia a la que me referiré posteriormente, habló por primera vez con la propietaria de Arco Iris, y tuvo conocimiento de todas las cuestiones que esta persona pudo transmitirse, en una reunión celebrada el 2 de agosto.

De este modo, este portavoz tuvo conocimiento el 2 de agosto, de estos hechos que paso a destacar, tal y como están relatados en la denuncia presentada el 8 de agosto:

El principal punto de fricción de la propietaria de la residencia con el Ayuntamiento, surgió del hecho de que hay cuatro facturas de 2017 que ascienden a 15.800 euros del total de 42.000 de todo el año, (agosto, septiembre, octubre y noviembre), que no fueron abonados por falta de crédito, esto es, los servicios fueron encargados por el Ayuntamiento a la residencia canina sin que existiera respaldo presupuestario, y eso ha dado lugar a una situación de impago, y a un expediente de reconocimiento extrajudicial de esas y otras facturas, que aún no ha sido resuelto por el órgano competente, que en este caso es el Pleno municipal.

Como consecuencia de la falta de pagos por parte del Ayuntamiento, la propietaria se habría visto obligada a contratar con una entidad bancaria, una línea de crédito por importe de 8600 euros.

En la reunión del 2 de agosto, la propietaria de la residencia canina me transmitió que cuando la situación con el Ayuntamiento empezó a ser tensa por cuestiones como el retraso o la no realización de determinados pagos por los servicios realizados, llevó a cabo la grabación de determinadas conversaciones que tienen que ver con las vicisitudes relacionadas con esta prestación de servicios. En el curso de la reunión me informó del contenido de esas conversaciones, me puso varias de ellas para que las escuchara, y posteriormente me las remitió a través del teléfono móvil.

En una de esas conversaciones, grabada el 23 de febrero de 2018, en la que participan la propietaria de la residencia canina, su marido y el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Carreño, se vierten una serie de afirmaciones por parte de  este último, don Gabriel Rodríguez, que son la causa fundamental por la que me veo en la obligación de presentar esta denuncia, al objeto de que se clarifique su trascendencia penal. A continuación paso a transcribir ese contenido correspondiente a la grabación que denomino con el número 1, sin perjuicio de que junto a este documento, se aportan todas las conversaciones relacionadas con este asunto de las que he tenido conocimiento. Se transcriben las partes que ponen de manifiesto que el concejal le señala a la propietaria que para pagar “los intereses” del crédito que ha tenido que pedir “y más si quieres”, meta en la facturas perros que no existen y por los que no se ha prestado ningún servicio

Teniendo en cuenta que de la grabación se desprende que por parte del concejal don Gabriel Rodríguez, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Carreño, hay un comportamiento  que,  según sus propias palabras,  está concertado con la alcaldesa, doña Amelia Fernández, en el sentido de inducir a una proveedora de servicios municipales, a incluir en su facturación servicios no realizados (en este caso la guarda de perros inexistentes), al objeto de pagar de manera encubierta  los intereses y otros gastos ajenos a los servicios contratados, que dicha práctica se habría materializado en al menos una factura,  unido a la sucesiva facturación de estos servicios durante dos años sin contrato administrativo alguno, así como al abandono consciente en al menos dos ocasiones de perros abandonados,  de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, se proceda a abrir las diligencias correspondientes que conduzcan al esclarecimiento de los hechos puestos en su conocimiento.

¿Por qué presenté la denuncia ante la Fiscalía?. Porque como ciudadano y concejal conocedor de unos hechos que tienen una apariencia muy dudosa, por decirlo suavemente, la obligación que tengo es ponerlos en conocimiento del órgano competente para su investigación en el orden penal. Nosotros no calificamos nada desde el punto de vista penal sino que los limitamos a trasladar lo que conocemos para su investigación.
Sinceramente creemos que un partido que está en la oposición y que tantas veces ha puesto sobre la mesa propuestas para mejorar la gestión, tal y como he relatado en esta intervención, tiene la obligación de no mirar para otro lado, porque si mirásemos para otro lado, pasaríamos a ser cómplices, y los vecinos no nos han votado para ser cómplices de nadie.

Pero es que la propia proveedora, en un escrito dirigido a la Fiscalía dice textualmente: “ si no es por la asesoría, yo hubiese seguido metiendo perros ficticios para cobrar mis intereses, ya que desconozco el funcionamiento interno del Ayuntamiento y puesto que era el teniente de alcalde de acuerdo con la señora alcaldesa los que me lo proponían…”

Estamos hablando de hechos que tienen que ver con el ejercicio de los cargos que ostentan la alcaldesa y su primer teniente de alcalde. No son cuestiones privadas, sino públicas, y relacionadas con la gestión de competencias municipales y de dinero público.

Hoy no estamos aquí para dirimir la responsabilidad penal de nadie, porque ese es un asunto que no nos compete. Hoy estamos aquí para manifestar en este Pleno que tenemos una alcaldesa y un primer teniente de alcalde, incapacitados políticamente para la gestión del dinero de los vecinos de Carreño, incapacitados porque han hecho gala de un desempeño político por debajo de las peores expectativas.

Amelia Fernández y Gabriel Rodríguez no han tenido ni la capacidad ni las ganas de afrontar y resolver los asuntos más relevantes durante este mandato, y en lo atinente a la guardería canina, no han sido capaces de sacar un contrato para la gestión de este servicio, y se han comprometido a gastos sin tener crédito.

Amelia Fernández y Gabriel Rodríguez, de común acuerdo y lo digo porque lo hemos podido escuchar de boca del señor Rodríguez, para tapar su incompetencia, animaron a una proveedora a facturar lo que no debía. Digo que para tapar su incompetencia, porque si la propietaria de la guardería tuvo que pedir un crédito por los impagos municipales, fue porque el Gobierno local incurrió en la situación de facturas sin respaldo presupuestario, y eso se debió a que ni había contrato ni se hizo una buena presupuestación. Si los pagos hubiesen sido hechos correctamente, ni hubiese habido línea de crédito  ni se hubiese tenido que producir la oferta de meter en facturas servicios no realizados de manera efectiva.

A todo lo anterior se unen ejemplos de una pésima gestión, como ese correo en el que el primer teniente de alcalde le dice a la proveedora de la guardería canina que los servicios prestados en noviembre y diciembre de 2016, los facture en enero de 2017, porque se habían quedado sin dinero. Esto equivale a alterar las fechas de las facturas para eludir el pago de esos dos meses por la vía del reconocimiento extrajudicial que es precisamente competencia de este Pleno. Estamos pues ante una triquiñuela para no seguir el procedimiento legalmente establecido.

Finalmente hay que destacar algo que es fundamental: el abandono de perros que el concejal reconoce en su conversación con la proveedora. Lo sentimos mucho, pero la teoría de los perros fronterizos no nos la creemos. La teoría de que no es lo mismo no recoger en los límites con Gozón y Gijón que abandonar, nos parece un juego de palabras que no sirve ni para contener la risa de quien profiere tan disparatado cuento.

De toda esta exposición concluimos que:

1) Las responsabilidades judiciales no son competencia de este Pleno, y una vez hecha la comunicación de los hechos conocidos a la Fiscalía, queda en ese ámbito, y ni entramos ni salimos. Que se pronuncie la Fiscalía como considere necesario.

2) Las responsabilidades políticas son de otro tenor, y tienen que ver con el cumplimiento de un estándar mínimo de exigencia en la gestión del cargo público, lo cual conlleva hacer las cosas mínimamente bien, y en este asunto es claro que a la alcaldesa y al primer teniente de alcalde, la gestión se les ha ido de las manos. A la incompetencia habitual en la gestión que han exhibido en tantos otros temas este mandato, se le ha unido las ganas de tapar dichas carencias con maniobras oscuras relacionadas con la facturación del servicio.

3) Gabriel Rodríguez lo dice claramente en la conversación sobre esta cuestión pública: que la alcaldesa sabe todo, y a posteriori ha calificado su actuación en este ámbito como una “cagada”, propia de un “pardillo”, “extemporánea”, entre otros calificativos. Pues bien, si todo eso es así, no queda otra salida que la dimisión, porque para cobrar un salario público por una dedicación exclusiva como es su caso, es exigible un mínimo de eficacia y buen hacer que en este caso quedan a miles de kilómetros de distancia. Vemos que en este Pleno lo acaba de hacer.

4) La alcaldesa sabía todo según  decía el primer teniente de alcalde cuando sucedieron los hechos, y nosotros le creemos, porque su estilo de gobernar es abarcar todo, apretar poco y no solucionar nada de lo importante. Ella es corresponsable de esta pésima gestión, y también corresponde su renuncia. Además debe explicar por qué ha gastado 600 euros en un informe elaborado por un abogado penalista para tratar de justificar que se no ha cometido ningún delito.

5) Aprendan a diferenciar lo personal de lo político. Nadie les critica por ninguna cuestión personal sino por cuestiones relativas a su mala gestión. No se escuden en una inexistente persecución para no responder de sus actos. Desde el PP les deseamos lo mejor en sus vidas personales, pero esto no es una pandilla. Esto es una Administración Pública que funciona de acuerdo con la ley.

6) ¿Se dan cuenta la alcaldesa y el primer teniente de alcalde que su forma de actuar en este asunto, lo que sabemos a ciencia cierta que han dicho respecto de las facturas, genera una crisis de confianza de la ciudadanía con este Ayuntamiento?. Muchos vecinos nos trasladan su desconcierto, y reflexionan en el sentido de que si el Gobierno local actúa así con las facturas de algo no tan relevante para la gestión municipal como la guardería de perros errantes, ¿qué no hará en los asuntos más importantes?. Son dudas legítimas que surgen del mal hacer en la gestión pública.

7) La alcaldesa es libre de hacer caso omiso a este Pleno, pero nosotros les pedimos que no tenga más apego al sillón que a la dignidad del cargo que a estas alturas detenta, y presente su renuncia para restaurar la confianza de los vecinos en el adecuado funcionamiento de esta institución.

LA NOTICIA EN LA PRENSA:

Dimite el edil que instó a una proveedora a "engordar" facturas para cobrar atrasos

"Era mi obligación denunciar esta situación", dice Fernández (PP)

El teniente de alcalde presenta su dimisión por el caso de las facturas

miércoles, 22 de agosto de 2018

Amelia Fernández y Gabriel Rodríguez siguen sin asumir su responsabilidad política

Esta mañana se ha celebrado la comisión informativa extraordinaria de Medio Ambiente sobre el asunto de las facturas del servicio de guardería de perros, a la que han asistido la alcaldesa y el primer teniente de alcalde. Por parte del PP ha asistido la concejala Joana Canals.

Se puede decir que tanto la alcaldesa como el primer teniente de alcalde, han repetido lo que han venido argumentando públicamente en relación con este asunto: lo dicho en la conversación grabada no tiene valor porque era una conversación de café, y se trató de una torpeza sin mala fe. En cuanto a la alcaldesa, su estrategia consiste en decir que no sabía nada del ofrecimiento de incrementar facturas de manera ficticia, y que su intervención en los procedimientos consistía únicamente en firmar al final.

En la comisión no se han aportado nuevos informes ni por parte de Intervención, ni de Secretaría ni tampoco del área de Medio Ambiente.

Desde el PP no hemos visto clarificadas nuestras dudas ni en cuanto al funcionamiento del registro de entradas y salidas de perros, ni respecto de la factura con servicios no realizados, que fue presentada con posterioridad a la conversación grabada, y que  la afectada ha denunciado ante la Fiscalía. Tampoco nos convence eso de que la alcaldesa no estaba enterada de nada, cuando todo el mundo sabe que en el Ayuntamiento no se mueve un papel que ella no controle.

En definitiva, la comisión no ha servido para aportar luz, y vemos dos políticos, Amelia Fernández y Gabriel Rodríguez, que saben que no han hecho bien las cosas, de hecho, hay pruebas de que su actuación ha sido abiertamente contraria, como mínimo al interés general y a la correcta gestión del dinero de los vecinos, y sin embargo, se niegan a asumir sus responsabilidades políticas, las cuales pedimos todos los partidos de la oposición. Reiteramos que ninguno de los dos  está en condiciones de seguir administrando el dinero de los carreñenses y en consecuencia deben renunciar, y en esa línea serán las actuaciones del PP de Carreño.

LA NOTICIA EN LA PRENSA:

viernes, 27 de julio de 2018

Pleno de julio de 2018 del Ayuntamiento de Carreño

Pleno celebrado el 26 de julio de 2018:

Asistentes: todos los concejales de la corporación.

 1. Lectura y aprobación de las actas de las sesiones anteriores de fechas 31 de mayo y 28 de junio de 2018.

RESULTADO DE LA VOTACIÓN: APROBACIÓN POR UNANIMIDAD.

Desde el PP señalamos el siguiente error en el acta del pleno de mayo: página 31: incorrecto resultado de las votaciones. Donde pone: Votos a favor: 7 (4 SOMOS, 3 IU) Votos en contra: 4 (4 PP) Abstenciones: 6 (6 PSOE), debería poner: Votos a favor  (4 Somos, 3 IU), votos en contra: 6 (PSOE ), abstenciones 4 (PP).

2. Expediente de modificación por suplemento de crédito nº 4/2018. 

RESULTADO DE LA VOTACIÓN: APROBACIÓN.

SÍ: 9. PSOE(6), IU(3).
NO: 0.
ABSTENCIÓN: 8. PP(4), SOMOS(4).

De los 300.000 euros incorporados en virtud de expediente, sólo se utilizarán 120.000 para el pago de las facturas a que se refiere el siguiente punto del orden del día.

3. Reconocimiento extrajudicial de facturas.

RESULTADO DE LA VOTACIÓN: APROBACIÓN  (se aprobó la enmienda presentada por el PP, que es la parte señalada en negrita dentro de este apartado).

SÍ: 11. PP(4), SOMOS(4), IU(3).
NO: 0.
ABSTENCÍÓN: 6.PSOE(6).

Argumentos del PP:

Este expediente quedó sobre la mesa en el pleno ordinario de junio, a la espera de un informe jurídico. Pues bien, la conclusión del informe es que la revisión de oficio, es decir, el procedimiento administrativo para la declaración de nulidad de pleno derecho, " no es aplicable a la contratación menor realizada a pesar de la carencia o insuficiencia de consignación, siempre que se haya respetado la legalidad en el resto de extremos, pues en la misma no existen actos preparatorios y, por ello, la insuficiencia o carencia de consignación ha de resolverse mediante el reconocimiento extrajudicial en la forma clásica. Y también que el defecto de consignación no concurriría si en el 2017 existía la consignación relativa a prestaciones realizadas realmente en dicho ejercicio."

De lo anterior nosotros extraemos las siguientes conclusiones:

- El informe viene a concluir que si la factura se corresponde con un contrato menor sin consignación presupuestaria, pero que cumple el resto de extremos legales, no se justifica el procedimiento de revisión de oficio. Sin embargo, no tenemos información para saber si se han cumplido o no esos extremos legales. En ese sentido hay que recordar que un contrato menor puede serlo porque ha finalizado la vigencia de un contrato y hay una prórroga encubierta, o puede deberse a un fraccionamiento, o efectivamente puede ser un contrato menor bien realizado con el vicio de la inexistencia de crédito, pero no sabemos en presencia de qué estamos porque estos son detalles que no se han analizado aún.

- El informe dice que la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo no es aplicable al caso de Carreño, pero nosotros entendemos que sí,  porque el supuesto que dio lugar a dicha resolución judicial,  se resume en " la contratación administrativa y, más en particular, al abono por parte del Ayuntamiento de 20 facturas correspondientes a distintos contratos celebrados en cuatro ámbitos: acción social, educación, nuevas tecnologías y salud, por importes variables que van desde 470,65 euros hasta 23.088,39 euros". Como puede verse, es evidente que estamos ante contratos menores, como mínimo una parte de las facturas,  y sin embargo, el juez concluye que es necesario iniciar un procedimiento de revisión de oficio.

A todo lo anterior hay que señalar que desde el último Pleno, el gobierno local no ha tenido ni un minuto para convocarnos a los diferentes grupos políticos para analizar este asunto e informar de manera más pormenorizada respecto de cada una de las facturas. En ese sentido, es necesario que además de saber la cuantía de cada factura, y el objeto, se sepa el adjudicatario, por qué razón se contrató y quién tomó la decisión de contratar en cada caso. De este modo, seguimos sin tener la información necesaria para decidir el pago de 300.000 euros en facturas irregularmente tramitadas. 

Por todo lo expuesto, desde el PP planteamos que el Pleno adopte el siguiente acuerdo:


1)  Aprobar el reconocimiento de las facturas que tenían consignación presupuestaria en 2017 y fueron registradas en 2018, las cuales de acuerdo con el expediente, suman un total de 120.251,45 euros.

2) En relación con el resto de facturas que se corresponden con compromisos de gastos de 2017 realizados sin consignación presupuestaria, cuyo importe suma 183.186,80 euros, no proceder aún al reconocimiento extrajudicial debido a la necesidad de clarificar dicho gasto, y en consecuencia,  solicitar al Secretario y a la Interventora, cada uno en el ámbito de sus funciones, la elaboración de un informe relativo a los siguientes aspectos respecto de cada una de dichas facturas:

- Objeto, importe, adjudicatario, tipo de contrato (si es o no un contrato menor válidamente celebrado o si hay irregularidades como posible fraccionamiento), quién adoptó el compromiso de gasto o cómo se adoptó la decisión de llevar a cabo el gasto.

- A la vista de la información referida en el apartado anterior, la determinación de si procede o no respecto de cada factura, el inicio de un procedimiento de revisión de oficio.

Todo ello sin perjuicio de que los informes contengan las consideraciones que los funcionarios responsables entiendan necesario realizar.

3) Que por parte de la alcaldesa y el resto de concejales del gobierno, se colabore en la aportación de la información necesaria para la elaboración del informe señalado en el apartado anterior.

4. Recusación administrativa.

RESULTADO DE LA VOTACIÓN: RECHAZO POR UNANIMIDAD (la alcaldesa se ausentó de la votación por ser la persona recusada).


Argumentos del PP:


Lo que se trata de dilucidar en este punto del orden del día, es la solicitud de una vecina de recusación de la alcaldesa para resolver los procedimientos administrativos que le afectan. En ese sentido hay que aclarar que la recusación,  es la manifestación por parte de un interesado en un procedimiento administrativo, de que las autoridades o el personal encargado de resolver dicho procedimiento, no gozan de la imparcialidad ni la objetividad necesarias, y de acuerdo con las causas que prevé expresamente la ley, en virtud de la recusación se solicita que dejen de conocer esos asuntos.

En el caso que nos ocupa, la recusación se formula al amparo de lo que disponen los apartados a) y c) del número 2 del artículo 23, Ley 40/2015:

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.
c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior.

Si analizamos el escrito presentado por la recusante, podemos constatar que se alega incompetencia de la alcaldesa para dictar el acto administrativo consistente en el vallado de una zona de la propiedad de la recusante lindante con el paseo marítimo; irregularidades procedimentales; inconsistencia de las normas urbanísticas alegadas para sustentar el dictado de la resolución; realización de un procedimiento de revisión de oficio de una resolución previa sin observar el procedimiento legalmente establecido, así como el recordatorio de que la obligación de la alcaldesa sería "ordenar las medidas de ejecución que sean necesarias para evitarlos (se entiende que los desprendimientos) al dueño o los dueños de la ladera del monte desde la que se han producido desprendimientos para que mantenga su propiedad en estado de no producir daños, evitándolos hacia el futuro."  Como se puede ver, son todas cuestiones de carácter sustantivo que tienen que ver con la legalidad del acto administrativo, y que no forman parte de la cuestión relativa a la recusación.

Precisamente en relación con la recusación, lo que se dice en el escrito es que se abandone por parte de la alcaldesa lo que se define como "su presión y persecución" frente a la vecina afectada por la resolución.

Pues bien, como señala el informe del secretario, "el planteamiento genérico de la recusación, aludiendo a que la recusada tiene interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél o enemistad manifiesta, sin aportar prueba o elemento de convicción alguno, carece de fundamento alguno".  Esto significa que no es es válido el planteamiento de una recusación esgrimiendo dos causas legales, y no justificar la concurrencia de dichas causas, esto es, las circunstancias concretas que justificaría la recusación.

Dicho lo anterior, y como los concejales que integramos este Pleno, no somos ajenos a la realidad que vivimos todos los vecinos, y tratando de adentrarnos en los motivos relevantes de la recusación. Le remitimos al secretario el siguiente correo solicitando aclarar una serie de dudas:

" En relación con este asunto de la recusación, y después de leer el escrito de la interesada y tu informe, me gustaría que nos aclares ciertas dudas:
Como integrantes del Pleno que debe resolver esta cuestión, y aunque no se cita en el escrito de recusación pero es un hecho cierto: ¿deberíamos tener en cuenta la repercusión a estos efectos del proceso penal que afectó a la interesada como querellada y a la alcaldesa como querellante?.
Señalo lo del proceso penal por si dicha circunstancia, podría repercutir, como mínimo,  en la apariencia de imparcialidad o imparcialidad objetiva de la alcaldesa, al haber sido parte de un procedimiento de carácter penal que envolvió a la interesada como querellada y finalmente condenada, por comportamientos que incidían respecto de la recusada. En ese sentido, la sentencia fue fruto de un acuerdo entre las partes, y quizás sea también un elemento relevante.
Para nosotros es importante aclarar estas cuestiones de cara a la votación de este jueves. Te agradeceríamos que nos informes al respecto ."
Y el secretario nos respondió del siguiente modo:
" Para emitir el informe que obra en el expediente consideré este asunto. Como sabes, la cuestión se regla en el art. 23 Ley 40/2015 y la interesada se refiere a los apartados a) y c):

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.
c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior.

Si del apartado a) eliminamos el tener cuestión litigiosa pendienteque no existe restarían dos causas:
a)      Interés personal en el asunto:.
b)      Enemistad manifiesta.
La recusación no aporta dato concreta o elemento alguno de prueba por lo que hemos de remitirnos a lo que hay en los expedientes de la recusante.

La cuestión penal no se encuentra pendiente, pero además no es un litigio referido a asuntos personales sino realizado en el ejercicio del cargo y en el que efectivamente, como dices, al final no se reclamó cantidad resarcitoria alguna.

La enemistad ha de ser mutua y no consta que la recusada haya realizado manifestación o acción alguna que sirva de principio de prueba.
Entre recusante y recusada no hay más relación que la que se produce en el ejercicio de funciones públicas.
Por otro lado, el asunto del que tratamos se debate en términos muy reglados."

Por todo lo expuesto, entendemos que el escrito presentado no justifica las causas de recusación que se alegan, por lo que no es posible su estimación. A lo que hay que añadir que, si la alcaldesa ha basado cada resolución en informes emitidos por funcionarios, la eficacia de la recusación dependería de que esta se extienda al personal que elabore dichos informes que sustentan los diferentes actos administrativos, lo que en este caso tampoco se ha planteado.

Dicho todo lo anterior, y aunque desgraciadamente es una cuestión que no está en el ámbito de las competencias de este Pleno y queda ya fuera del asunto de la recusación, sí queremos dejar constancia desde el Partido Popular, de que en esta cuestión que se refiere a la casa desalojada del paseo marítimo, a nuestro juicio, no ha sido bien llevada ni por el anterior alcalde, ni por la actual alcaldesa. Por su parte ha faltado y falta el diálogo y la empatía. Todos sabemos que la aplicación de la ley que nadie discute porque es obligación de todos nosotros, suele depender de la interpretación que se haga, y aunque esto no significa que la ley dependa exclusivamente de la voluntad del que la aplica, sí es cierto que cuando están en juego bienes y derechos de vecinos y contribuyentes de este concejo, el sentido común aconseja que se siga el camino menos tortuoso y menos lesivo para esos bienes y derechos.

Desde el PP sostenemos y queremos reafirmarlo aquí y aunque no es nuestra competencia decidir esta cuestión sí queremos que se sepa, entendemos que los vecinos afectados tienen razón cuando señalan que el Ayuntamiento debe requerir al dueño de la ladera para que arregle en su propiedad el problema de desprendimientos. Lo creemos porque el Ayuntamiento sabe a ciencia cierta que si no se soluciona ese problema puede verse afectada la casa, y porque con un criterio de pura lógica, al afectación grave de una casa que está justo al lado del paseo marítimo, y que ha sido desalojada por riesgo vital para sus ocupantes, se trata de una cuestión con una clara dimensión pública por los posibles perjuicios para la seguridad del paseo. Todos estos elementos son más que suficientes para que el Ayuntamiento ejerza sus competencias urbanísticas. 

5. Dación de cuenta de  resoluciones de la alcaldía de Junio 2018. 

6. Dación de cuenta de resoluciones judiciales: Sentencias: 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278 y 279/2018 del Juzgado de lo Social nº 4 de Gijón. 

7. Expediente de crédito para reforma de puertas en el Museo Antón.


RESULTADO DE LA VOTACIÓN: APROBACIÓN POR UNANIMIDAD.


8. Expediente de crédito para financiar aportación municipal a la sustitución de luminarias en Candás en el marco de una subvención estatal (199.641,70 euros) y convenio con la Banda de Música de Candás (26.638, 40 euros).


RESULTADO DE LA VOTACIÓN: APROBACIÓN POR UNANIMIDAD.


9. Adenda del convenio entre el Ayuntamiento de Carreño y el Principado de Asturias para la gestión de la escuela infantil.


RESULTADO DE LA VOTACIÓN: APROBACIÓN POR UNANIMIDAD.


10. Propuesta para simplificar las actas de los plenos que pasarán a ser un resumen, recogiéndose el contenido íntegro en la grabación correspondiente.


RESULTADO DE LA VOTACIÓN: APROBACIÓN POR UNANIMIDAD.


11. Subrogación de dos trabajadores de la Agencia de Desarrollo Local, que pasan de la Mancomunidad al Ayuntamiento en las mismas condiciones laborales que tenían,


RESULTADO DE LA VOTACIÓN: APROBACIÓN POR UNANIMIDAD.

12. Adaptación de las condiciones de los empleados públicos a las mejores que introduce la Ley de Presupuestos Generales del Estado en materia retributiva (incremento del 1,75), complemento de las retribuciones en situaciones de incapacidad temporal hasta el 100% y adaptación de la jornada de trabajo a las 35 horas semanales, salvo las 37,5 horas para los que tengan dedicación especial.

RESULTADO DE LA VOTACIÓN: APROBACIÓN POR UNANIMIDAD.

13. Moción por una gestión pública del puerto de Candás.

RESULTADO DE LA VOTACIÓN: APROBACIÓN POR UNANIMIDAD.


Texto de la moción:


El pasado 22 de junio, el Boletín Oficial del Principado de Asturias publicó el siguiente anuncio:

A solicitud de Daniel Fernández González en representación del Club Náutico Cuatro Vientos, en esta Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente se tramita la concesión de terrenos en el dominio público portuario de Candás para la Gestión de las zonas en lámina de agua dedicadas al atraque de embarcaciones deportivas (pantalanes, fondeos, etc.) del Puerto Deportivo.
Por ello, de conformidad a lo dispuesto en el art. 67 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, se acuerda un período de información pública, a fin de que se pueda examinar el expediente en las dependencias del Servicio de Puertos e Infraestructuras del Transporte de esta Consejería, C/ Trece Rosas, n.º 2, 4.ª Planta, Sector Derecho, y formular las alegaciones que se estimen procedentes por un plazo de veinte (20) días hábiles, contado a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio.”

De acuerdo con lo anterior, una asociación que por su naturaleza tiene carácter privado, pretende que la Administración del Principado de Asturias le otorgue la gestión de una parte sustancial del puerto de Candás, la relativa a las zonas en lámina de agua dedicadas al atraque de embarcaciones deportivas, lo cual supone:

1)      El otorgamiento directo y sin concurrencia pública y competitiva, de la gestión de un espacio público.


2)      La concesión en las condiciones señaladas, plantea serias dudas desde el punto de vista puramente legal, en el sentido de que las concesiones en el ámbito de la Ley de Costas se refieren a la “ocupación de los bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal con obras o instalaciones no desmontables”, y en el caso que nos ocupa, estamos hablando de la traspaso de la gestión de un espacio público con implicaciones tributarias, desde el ámbito del Principado de Asturias al de una asociación


3)      Las cantidades que actualmente recauda la Administración del Principado en concepto de tasas, pasarían a engrosar los ingresos de una asociación privada.


4)      En la práctica esta concesión conllevaría también que el Principado pasaría a pagar a la asociación encargada de la gestión, que con ese dinero se ocuparía de la contratación de personal. De este modo, iríamos de un modelo de gestión con empleados públicos que deben ser contratados conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad y en la órbita de una Administración, a personal contratado libremente por una asociación privada que no debe rendir cuentas más que ante sus socios.


5)      No puede perderse de vista que las personas que tienen un amarre en el puerto de Candás, pasarían de depender desde el punto de vista de su derecho, de una Administración, a una asociación particular.

Por todo lo expuesto,  no sólo hay dudas jurídicas sobre la concesión de la gestión de una parte del puerto que pretende la asociación solicitante, sino que existe la certeza de que en el caso de llevarse a cabo, pasaríamos de un modelo de gestión pública a uno llevado a cabo por una entidad de naturaleza privada, lo cual tiene una incidencia negativa en los vecinos y la ciudadanía en general, por lo que supone la pérdida de controles e influencia del conjunto de la publicación representada por una Administración, respecto de un espacio público que está en nuestro concejo.
Por todo lo expuesto, se eleva al PLENO la siguiente MOCIÓN:

Primero. El Pleno del Ayuntamiento de Carreño manifiesta su disconformidad respecto de la concesión directa al del Club Náutico Cuatro Vientos de terrenos en el dominio público portuario de Candás para la Gestión de las zonas en lámina de agua dedicadas al atraque de embarcaciones deportivas (pantalanes, fondeos, etc.) del Puerto Deportivo, solicitando a la Administración del Principado de Asturias que se mantenga el modelo de gestión directa y pública.

Segundo. Notificar esta moción al Sr. Consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente,  a los grupos parlamentarios de la Junta General del Principado de Asturias y al Club Cuatro Vientos.

Tercero. Solicitar al Secretario un informe para analizar la compatibilidad de la cesión al Club Cuatro de Vientos del edificio del Náutico con las nuevas actividades de gestión del puerto de dicha asociación, para el caso de que finalmente se produzca la concesión de dicha gestión.

14. Ruegos y preguntas formuladas por el Partido Popular.

1. Cuál es la calificación jurídica  desde el punto de vista  de usos urbanísticos, de la parcela de la zona de la calle Severa Ochoa en la que se están haciendo obras actualmente.


La alcaldesa señala que se analizará detalladamente en la comisión de urbanismo, pero indica que el aparcamiento que se está acondicionando, son de carácter temporal y no pueden concebirse como una solución definitiva.


2. Situación del expediente administrativo de legalización que afecta a una explotación ganadera de Ambás, y es origen de un conflicto entre varios vecinos.

La alcaldesa indica que se informará de la situación de dicho expediente en la próxima comisión de urbanismo.

LA NOTICIA EN LA PRENSA:

La oposición se une para evitar pagar más de 180.000 euros sin consignación

Carreño sólo abonará las facturas que fueron presupuestadas en 2017