miércoles, 13 de septiembre de 2017

Cellnex Telecom debe garantizar la señal de televisión

Hay gran malestar en Candás desde hace meses por los problemas existentes en la recepción de la señal de televisión en muchos hogares de la villa. Ocurre que desavenencias entre la empresa prestadora del servicio y la propiedad de la parcela en la que se ubica el repetidor, impiden que se hagan las necesarias labores de conservación de dicha parcela, lo que repercute en la efectividad del repetidor. Pues bien, transcurridos varios meses, y ante las numerosas quejas existentes, desde el PP de Carreño exigimos a Cellnex Telecom que resuelva este problema, porque es esa empresa la que tiene la concesión para prestar el servicio y garantizar que llegue la señal de televisión. Hasta ahora no sólo no hay avances, sino que ni siquiera se está dando a los vecinos la información necesaria para explicar lo que ocurre. Por otro lado, puestos en comunicación con el propietario, nos ha trasladado que probablemente el problema se resuelva este mes. Sin embargo, consideramos que por el tiempo transcurrido, la resolución debería ser inmediata, por eso pedimos a las dos partes implicadas que se esfuercen y permitan que el repetidor pueda funcionar correctamente.

Desde el ámbito político municipal, es cierto que el papel es más de intermediación que de otra cosa, pero queremos poner de relieve que en todo este tiempo, tanto por parte del Ayuntamiento como por parte del Principado, ha existido un apagón informativo que ha contribuido a crear más confusión. De hecho, llevamos con problemas desde primavera, y es ahora cuando el Gobierno ha dado las primeras explicaciones públicas y el anuncio de acciones. Desde el PP le planteamos al Gobierno hace varias semanas la posibilidad de que el Ayuntamiento dicte una orden de ejecución al amparo de la legislación urbanística para que la parcela del repetidor esté en las condiciones necesarias para que dicho repetidor funcione, y aún no sabemos si  se ha estudiado la viabilidad jurídica de esta opción para el caso de que sigamos sin acuerdo entre las dos partes. Por todo ello, pedimos al Gobierno que, de no tener una solución encima de la mesa en cuestión de días, convoque al resto de grupos políticos para adoptar decisiones que permitan avanzar en la resolución de esta cuestión que preocupa a muchos vecinos.

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jueves, 7 de septiembre de 2017

El Plan de Carreño sobre el bable "no tiene valor jurídico alguno"

El Juzgado Contencioso Administrativo Nº 1 de Gijón ha dictado sentencia desestimando el recurso interpuesto por el grupo municipal popular, si bien la resolución judicial afirma que el plan de normalización lingüística de Carreño no tiene valor jurídico alguno, y como declaración política que es, ni tiene efectos ni puede fundar ningún tipo de actuación administrativa por parte del Ayuntamiento.

Este último es, a nuestro juicio,  el aspecto positivo de la sentencia, esto es, que el Magistrado afirma que el Plan de normalización del bable en Carreño carece de valor jurídico, no tiene efectos ni se puede esgrimir para fundar acciones administrativas del Ayuntamiento. Sin embargo, la sentencia nos parece decepcionante en el sentido de que no entra en el fondo del asunto, es decir, no entra a analizar la legalidad de las medidas que contiene el Plan promovido por el PSOE, Somos e IU. Así por ejemplo, la sentencia no analiza si es legal o no establecer que el bable sea una lengua de uso institucional del mismo modo que el castellano, que es tanto como decir que el bable es lengua oficial. Tampoco se determina si es legal o no la valoración del bable en el ámbito del empleo público, o en el de las subvenciones, o la traducción al bable de la  documentación administrativa. Estos son todos aspectos sustantivos que recoge el Plan que nosotros recurrimos, en el entendimiento de que el Ayuntamiento no tiene competencia para  aprobar estas medidas que,  además, exceden el estatuto jurídico del bable y van en la línea de equiparar en el ámbito de la Administración el bable al castellano, como si el primero fuera una lengua oficial. Sin embargo,  la sentencia no analiza ninguna de esas cuestiones y razona que no procede su anulación porque el Plan no tiene valor jurídico al ser calificado por el Pleno como declaración política,  lo cual equivale a señalar que es papel mojado.

Pues bien, visto lo anterior, el PP tiene la intención de recurrir esta sentencia porque pensamos que este es un asunto de importancia e interés general,  respecto del que es bueno que se pronuncie el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Consideramos que no es suficiente que se afirme que el Plan carece de valor jurídico, y nos preocupa  que  se admita que el Pleno de un Ayuntamiento pueda aprobar casi cualquier cosa, y validarlo a posteriori con el argumento de que es una declaración política sin valor jurídico. Desde el máximo respeto a esta resolución judicial, creemos que se debió entrar en el fondo del asunto, que en este caso y a nuestro juicio,  pasa por la extralimitación del Pleno a la hora de incidir en la regulación del bable en términos contrarios a lo que contempla la ley. A nuestro juicio, estas cuestiones relativas al bable que aborda el Plan,  son competencia del Parlamento asturiano, pero no del  Ayuntamiento en los términos que se ha hecho. Quizás haya gente que no da importancia a esta cuestión, pero si se siguen dando pasos en la línea que pretende la izquierda cómplice de los nacionalistas, Asturias podría llegar a tener la oficialidad del bable por la puerta de atrás, lo que conduce a más intervencionismo de la Administración, más gasto y al menoscabo de los derechos de los ciudadanos en el uso de la lengua común de los españoles que es el castellano o español.

El razonamiento que motiva toda la sentencia podría resumirse en estos dos párrafos que transcribimos textualmente:

“Hemos de desestimar los motivos impugnatorios alegados, en base, de nuevo, a considerar que las previsiones contenidas en el Plan impugnado no tienen carácter vinculante ni valor jurídico alguno, al tratarse de una declaración programática que carece de efectos jurídicos. Se alega por los recurrentes que pese a la aclaración de la naturaleza de dicho Plan realizada por el acuerdo del Pleno de 28-4-16, el texto del Plan en su formulación, objetivos y actuaciones específicas previstas no se compadece con dicha nota aclaratoria que pretende salvar la legalidad sin variar ni uno solo de sus contenidos sustantivos.

Sin embargo, dicha aclaración resulta relevante, por cuanto, como ya hemos razonado, constituye un acto propio del Pleno que no puede ser desconocido por el mismo, de modo que cualquiera de las actuaciones previstas en el Plan que se ejecuten, no pueden encontrar cobertura normativa en el mismo, ni tampoco pueden fundamentar su legalidad en dicho Plan. Será en el momento en que se aprueben o modifiquen las ordenanzas que recojan previsiones contenidas en el Plan impugnado o al aprobarse las correspondientes convocatorias (de subvenciones, función pública, etc.), o, en fin, al dictar cualquier acto o realizar cualquier actuación administrativa susceptibles de producir efectos jurídicos, cuando procederá, en su caso, plantear el correspondiente recurso o impugnación.”

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jueves, 31 de agosto de 2017

Pedimos a la alcaldesa que la crisis de su gobierno no afecte a la gestión municipal

El concejal Onésimo “Simi” Velasco esgrime razones personales para dimitir. Lógicamente no podemos contradecir esos argumentos, pero sí debemos añadir que, por la información de que disponemos, sin perjuicio de las razones personales, ha habido serias discrepancias dentro del gobierno entre la alcaldesa y Manuel Noceda, el concejal de la zona rural, por una parte, y por otra parte el concejal dimisionario. Dicha discrepancia tendría su origen en el ninguneo practicado y las interferencias realizadas por la alcaldesa y el concejal de la zona rural respecto del trabajo de Simi Velasco. Visto lo anterior, y desde el punto de vista político,  puede constatarse que la alcaldesa no sólo ha sido incapaz de forjar durante estos dos años una mayoría de gobierno con los partidos que se suponen en el mismo espectro ideológico (IU y Somos), sino que presenta las primeras grietas dentro de su propio gobierno.

Desde el PP somos conscientes de que estas cuestiones que son vox populi, no van a ser reconocidas por los concejales del gobierno, ni mucho menos por la alcaldesa,  pero sí le pedimos a Amelia Fernández que esta crisis de los socialistas no afecte a la gestión municipal. Lo decimos porque el concejal que ha renunciado se ocupaba de obras, y de servicios como la limpieza viaria y la jardinería, y dado que en los últimos meses ha habido quejas precisamente por la falta de limpieza de los espacios públicos y por el aspecto descuidado de zonas verdes y parques y jardines, creemos que su dimisión podría dar lugar a un vacío de poder, agravando aun  más la deficiente situación actual. Por todo ello, pedimos que esta crisis no contribuya a  descuidar más la gestión de estas áreas y que se haga un esfuerzo por parte del gobierno municipal para concentrar recursos públicos en la mejora de estos servicios.

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miércoles, 30 de agosto de 2017

Césped artificial en Candás: un despropósito que el Gobierno debe rectificar

El gobierno local ha anunciado que en la reforma del jardín de la Baragaña alta, en el entorno del Polivalente, se sustituirá césped natural por otro artificial, y así evitar el gasto inherente a los trabajos de mantenimiento. 

Desde el PP nos preguntamos si esta iniciativa es un globo sonda para llevar a cabo una paulatina sustitución del césped natural por el artificial en otras zonas de Candás. Lo cierto es que sea un globo sonda o no, el proyecto es un despropósito. Carreño tiene 14 millones de euros de ingresos todos los años, y que no haya personal adecuado y suficiente para mantener jardines y espacios verdes, es una prueba evidente de la mala gestión de los socialistas en el Ayuntamiento. Es claro, y así lo venimos denunciando desde hace tiempo, que servicios básicos como la limpieza y la jardinería, no están entre las prioridades de la alcaldesa y su gobierno. Escatiman personal en esas áreas y sin embargo y por poner un ejemplo, acaban de crear una "jefatura de sección de participación ciudadana", totalmente innecesaria.  Carreño tiene dinero suficiente para que el concejo esté limpio como una patena, pero el PSOE prefiere gastar en otras cosas.

Estamos en Asturias, señora alcaldesa, esta es la región verde por excelencia, verde natural, no artificial. No haga usted algo tan estrambótico como quitar el césped natural para poner uno artificial, y para mantener los espacios verdes si resulta necesario contrate personal, del mismo modo que hace continuamente en otros ámbitos como el administrativo y burocrático.

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miércoles, 16 de agosto de 2017

Exigimos a la alcaldesa que cumpla la ley y publique ya las declaraciones de bienes y actividades de todos los concejales

A raíz de la polémica reciente relativa al patrimonio del alcalde de Siero,  desde el PP de Carreño queremos recordar que han pasado más de dos años desde el inicio del presente mandato, y el Gobierno local sigue incumpliendo la obligación de publicar en la página del Ayuntamiento, las declaraciones anuales de bienes y actividades de los concejales de la corporación, en los términos previstos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, algo que exige el artículo 8.1.h) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Lo peor de todo es que esa misma obligación de publicidad consta en la ordenanza municipal de transparencia, publicad oficialmente en el BOPA, el 14 de marzo de 2016, que sigue siendo papel mojado.

 

La falta de cumplimiento de la legislación de transparencia no sólo tiene reflejo en lo relativo a los cargos electos. Así por ejemplo, es imposible que un ciudadano disponga de información completa en la página web municipal sobre todos los contratos celebrados por el Ayuntamiento, dado que no se informa de los contratos menores. Tampoco es posible que un ciudadano conozca el estado de ejecución del presupuesto, ni de la deuda. Información elemental como poder ver las facturas que paga el Ayuntamiento, las cuales podrían ser digitalizadas para su conocimiento público, tampoco están disponibles. Asimismo queda fuera del conocimiento del común de los vecinos,  información económica como los locales arrendados por el Ayuntamiento y el precio que de paga por ellos.

 

Por todo lo expuesto, pedimos a la alcaldesa más hechos y menos palabras, porque en este Ayuntamiento no se está cumpliendo ni la ley de transparencia, ni tampoco la propia ordenanza municipal que regula está cuestión, pese a que transcurrido más de un año desde su aprobación. Los concejales que estamos en la oposición no tenemos capacidad para modificar la página web al objeto de que se cumpla la ley de transparencia o de dar las órdenes pertinentes para hacerlo, sino que este es un asunto que depende  de la voluntad y el trabajo del Gobierno local, por eso hacemos el presente reclamo.


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jueves, 3 de agosto de 2017

Para que no haya exclusión de 5 alumnos del programa bilingüe del Instituto de Candás

Texto registrado el pasado 1 de agosto:

Asunto: solicitud de resolución del problema de exclusión de  alumnos del programa bilingüe en el Instituto de Candás.

Ilmo. Sr. Consejero:

A buen seguro ya es conocedor del asunto, pero por tratarse de una gran injusticia, y pese a ser una materia de competencia autonómica, en mi condición de portavoz del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Carreño, y sobre todo,  como un ciudadano más, me siento en la obligación de solicitarle que promueva las modificaciones normativas que resulten procedentes,  al objeto de evitar la exclusión del programa bilingüe de cinco alumnos del primer curso de la ESO que se desarrolla en el Instituto de Candás. Esta solicitud se fundamenta en lo siguiente:

- La norma debería prever una situación excepcional como la de Candás, que conlleva la exclusión del programa de un número de alumnos inferior al 10% del número global susceptible de integrar el programa. De este modo, evitar la exclusión de este porcentaje tan residual, permitiría una mayor integración, así como impedir la creación de una especie de gueto educativo y lingüístico en perjuicio de determinados alumnos.

- Todos somos conscientes de que los recursos son limitados, pero una correcta planificación, puesta en relación con el objetivo del fomento de la enseñanza de otras lenguas, deberían ser incompatibles con este problema del que estamos hablando.

- En el caso que nos ocupa, el criterio del sorteo ha dejado al descubierto una grave carencia, cual es la exclusión de alumnos que, de acuerdo con los principios de mérito, capacidad y esfuerzo, de ninguna manera habrían sido excluidos. En consecuencia, y pese a lo generalizado del sorteo también en otras Administraciones, de tener que fijarse un criterio en caso de insuficiencia de plazas, sería razonable que el primero que se tenga en cuenta sea la prevalencia de los méritos académicos frente al puro azar. El principio de igualdad conlleva tratar por igual a quienes están en las mismas circunstancias, y en consecuencia, basar en un sorteo el destino académico de personas que han tenido unos resultados dispares merced a su diferente esfuerzo y dedicación, equivale tratar igual situaciones desiguales, lo que conduce directamente a la desigualdad.

Por todo lo expuesto, y dado que estamos ante  un problema susceptible de solución si existe la voluntad política necesaria para ello, le solicito que  lleve a cabo las modificaciones precisas en las normas administrativas que regulan esta cuestión, y se evite así el perjuicio de la exclusión del programa bilingüe del Instituto de Candás de estos alumnos del primer curso de la ESO.

Aprovecho para enviarle un cordial saludo.



Fdo.: José Ramón Fernández Gutiérrez

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miércoles, 2 de agosto de 2017

La alcaldesa no puede tapar su mala gestión con invenciones

La semana pasada la Asociación de Vecinos de Candás nos trasladó una solicitud de actuación para mejorar el estado de conservación de la barandilla del paseo marítimo a la altura de Perán. La alcaldesa respondió que dicha actuación era competencia de la Administración del Estado. Pues bien, desde el PP de Carreño nos hemos interesado por este asunto, y hemos podido comprobar que el Pleno del Ayuntamiento, en una reunión celebrada el 6 de septiembre de 2006, cedió al Estado los terrenos afectados por el proyecto de recuperación de la fachada marítima, al objeto de realización de dichas obras que consistieron en el adoquinado de la carretera, la reforma de las aceras y la colocación de nuevas barandillas. En ese mismo acuerdo se estableció también el compromiso del Ayuntamiento de que “una vez terminadas las obras del citado proyecto, el Ayuntamiento, una vez recepcionadas las mismas, se hará cargo de su mantenimiento”.

En consecuencia, estamos ante obras de competencia municipal. No en vano, es el Ayuntamiento el que ha reparado ya en varias ocasiones el pavimento del paseo marítimo, y se prevé que acometa nuevas obras en los próximos meses. Por lo tanto, pedimos a la alcaldesa que no falte a la verdad y asuma que es responsabilidad del Ayuntamiento el mantenimiento de esas infraestructuras. Desde el PP consideramos que es triste que la señora Fernández mienta o ignore la realidad con tanta ligereza, pero peor aún es que escurra el bulto frente a unas obras de conservación que el Ayuntamiento debería poder afrontar sin ningún problema, no sólo por obligación legal, sino también porque el presupuesto municipal, que asciende a 13 millones de euros,  debería ser más que suficiente para realizar obras tan elementales.