SACRIFICIOS PARA ASEGURARNOS EL FUTURO

 Sacrificio implica muchas veces aguantar lo que no queremos por un tiempo en pos de obtener un bien superior. Hoy el Gobierno ha puesto sobre la mesa importantes sacrificios que los españoles debemos hacer, en orden a conseguir la superación de la gravísima crisis que padecemos, ajustando el gasto a la disponibilidad presupuestaria, y estableciendo medidas fiscales y sociales que, con carácter excepcional, han de adoptarse para atajar la deuda galopante que nos ahoga, fruto de años de dispendio socialista.

Por su interés, reproducimos parte del dicurso que hoy, 11 de julio de 2012, ha pronunciado el   Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el marco de un Pleno del Congreso de los Diputados. Explican en detalle el contexto en el que estamos,  las razones de las medidas de ajuste adoptadas, y la confianza en el futuro:

"Atravesamos la segunda recesión más grave de nuestra historia, con un decrecimiento de la actividad económica cercano al 2%. Nunca antes la economía española había tenido dos recesiones tan seguidas y de esta magnitud. Es algo que ninguno habíamos vivido. Y, es más, para el año que viene todas las previsiones apuntan a que la situación recesiva continuará, aunque más cerca del 0%. Esta es la realidad a la que nos enfrentamos.

Las cifras económicas se traducen en los peores indicadores, los más dañinos, aquellos que mayor deterioro provocan en el bienestar de los españoles. En el último año, la tasa de desempleo ha crecido en tres puntos, y supera el 50% en el caso de los jóvenes. En el mismo periodo, el paro registrado se ha incrementado en casi medio millón de personas y el número de empresas que han cerrado ascendió a 32.094.

Este panorama tiene que ver mucho que ver con la sequía financiera. El crédito a las familias se ha reducido un 2,7% y el de las empresas, un 3,7%.

Y es que los excesos del pasado se pagan en el momento presente. Porque el verdadero origen de esta situación está en el elevado endeudamiento de todos los agentes económicos, públicos y privados.

Presentamos un déficit público elevadísimo. Si en la zona euro es del 4% del PIB, España ha cerrado 2011 con una cifra del 8,9%, 90.000 millones de euros, es decir, más del doble.
 

La deuda pública se situará a final de año en el 79,8%, cuando en 2007, hace solo cinco años, era del 36%. Piensen, Señorías, que ese porcentaje representa que el conjunto de las Administraciones Públicas españolas tienen una deuda de 800.000 millones de euros. 800.000 millones de euros que hay que refinanciar cuando van venciendo y, en estos momentos, a un interés de al menos el 6%.
 

Toda nuestra economía, es decir, sector público y privado, se encuentra fuertemente endeudada frente al exterior. Esa deuda supone el 165% del PIB en términos brutos, es decir, 1,8 billones de euros. Y descontando lo que hemos invertido fuera de nuestro país, aún debemos 977.000 millones de euros, prácticamente la totalidad de nuestro PIB (92,1%). En comparación la deuda neta externa de Italia es la quinta parte del PIB (21,8%), Francia el 11%, Reino Unido el 14%, EE.UU. el 17% del PIB. Y Alemania es acreedora neta (+36,3%).
 

Todavía tenemos problemas de competitividad frente a nuestros socios que generan dudas sobre nuestra capacidad de crecer. En los distintos índices, España ha recuperado casi la mitad de la competitividad perdida, pero a base de aumentar la productividad mediante la reducción del empleo, que es el peor sistema posible. Por ello la reforma laboral ha buscado en la flexibilidad y la moderación salarial una alternativa más justa y eficiente al despido.
 

No obstante, hay algunos indicadores positivos. La inflación española se sitúa cinco décimas por debajo de la media de la zona euro, al contrario de lo que ha ocurrido en el resto del tiempo de nuestra pertenencia a la Unión Monetaria. El sector exterior ha realizado un más que notable proceso de corrección desde el 11% en el año 2008 a alcanzar prácticamente el equilibrio al finalizar el presente ejercicio.
 

Pero, a pesar de esto, el panorama que he presentado es bien sombrío. Y hay una realidad que debe estar constantemente en nuestro pensamiento: cinco millones seiscientas mil personas salen cada día por la mañana de su casa a buscar un trabajo que no encuentran. Todas y cada una de nuestras actuaciones deben tener –siempre- ese referente.
 

Como ya dije en el debate de investidura, en política, las herencias no se reciben a beneficio de inventario. Dicho de otra manera; no valeprotestar con lo que uno se encuentra. Ahora bien, es misión de mi Gobierno liberar a España del peso de esa herencia.
 

Por eso, en el ámbito de la consolidación fiscal, estamos decididos a cumplir con nuestros compromisos. Nuestros socios europeos también esperan de nosotros la máxima responsabilidad, disciplina y diligencia.
 

Debemos corregir el problema del déficit público, no sólo porque es una regla esencial para el funcionamiento de la Unión Monetaria y una obligación al pertenecer a la zona euro, sino porque, de esta forma, se canalizarán hacia el sector privado los recursos necesarios para financiar el consumo y la inversión, que es lo que dinamiza la actividad económica.
 

Pero además, si no reducimos el déficit pondremos en riesgo a medio plazo la prestación de los servicios públicos. Esto no es una contradicción en sus términos. El déficit supone incremento de la deuda, y mayor deuda supone un mayor gasto en el pago de intereses, mermando nuestra capacidad de maniobra para dotar de forma eficiente y equitativa los servicios públicos.
 

Partimos de niveles muy altos de desajuste presupuestario en un escenario económico difícil.
 

Desde diciembre estamos aplicando ajustes presupuestarios orientados a la corrección del déficit. Ahora, la situación recesiva y las Recomendaciones aprobadas ayer en el ECOFIN, en el marco del Procedimiento de Corrección de Déficit Excesivo, aconseja no solo reducir los gastos sino incrementar los ingresos.
 

Para asegurar el cumplimiento del ajuste presupuestario y la senda comprometida, debemos acometer esfuerzos adicionales. Pero ello no será suficiente, es preciso además, mejorar el funcionamiento de nuestras Administraciones y hacer reformas estructurales para impulsar la flexibilidad y competitividad de nuestra economía.
 

A estos tres puntos me voy a referir. Y voy a comunicar a sus Señorías algunas de las principales decisiones que empezaremos a adoptar de manera inmediata.
En primer lugar, es necesario empezar con la reforma de las Administraciones Públicas para primar la austeridad, lograr mayor eficiencia y evitar duplicidades, atendiendo a la premisa de “una Administración, una competencia”.
Ese es el objetivo esencial de la reforma para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Para ello, se delimitarán las competencias de cada Administración, se soluciona el problema de las competencias impropias para que los ayuntamientos no puedan prestar servicios para los que no se cuenta con la financiación necesaria y se refuerza el papel de las Diputaciones Provinciales con el fin de centralizar la prestación de servicios.
Con esta reforma, se va a garantizar que los pequeños municipios puedan recibir servicios públicos adecuados, a precios razonables y mejor gestionados. Las estimaciones derivadas de los estudios que se han venido realizando señalan que el ahorro estará en el entorno de los 3.500 millones de euros.
Además, se va a mejorar el control de las cuentas públicas en el ámbito local, con el fortalecimiento de la imparcialidad del Interventor Municipal y funcionarios con habilitación de carácter nacional.
Una de las principales novedades será la homogeneización y publicación de las retribuciones que tienen los alcaldes y concejales de los municipios. Para ello, la ley de presupuestos de cada año fijará los baremos de la retribución de alcaldes y concejales en función de las características del municipio. Al mismo tiempo, se reducirá alrededor de un 30% el número de concejales por tramos de población, establecido en el artículo 179.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.
 

Otra medida en este terreno, será la drástica reducción -e incluso eliminación- de empresas públicas en el ámbito local. Analizando las funciones que, hasta ahora, venían siendo desempeñadas por estas empresas, nos encontramos en multitud de ocasiones duplicaciones e incluso triplicaciones de servicios, lo que conlleva un evidente despilfarro del gasto público y grandes ineficiencias.
 

Esta reforma institucional exige actuar en todos los niveles. También las CCAA deben tomar sus propias decisiones para conseguir los objetivos antes citados, es decir: primar la austeridad, lograr una mayor eficiencia y evitar duplicidades.
 

Hoy es preciso intensificar los esfuerzos con el fin de garantizar el cumplimiento de la senda de reducción del déficit que nos hemos fijado. Digo esto, porque para lograrlo es imprescindible el compromiso de todos, y particularmente el de las CCAA, que gestionan gran parte de los recursos públicos.
 

La estabilidad presupuestaria ha supuesto un salto cualitativo en las relaciones del Estado con las Comunidades Autónomas, en la propia arquitectura institucional del Estado. Tras la reforma constitucional, se ha aprobado la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, se ha logrado un acuerdo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para aprobar unos planes de ajuste, se ha instrumentado un Plan de Pago a proveedores para aflorar y pagar la deuda comercial pendiente y ordenar, con ello, las cuentas públicas.
 

Ahora les toca a las Comunidades Autónomas acreditar que están cumpliendo. Y ganar credibilidad, para que todas puedan volver a financiarse normalmente en el mercado.
 

Precisamente mañana se celebrará una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera con tres puntos esenciales:
1º.- Fijar el objetivo de déficit para los ejercicios 2013 y 2014.
2º.- Revisar la aplicación de los planes económico-financieros de las Comunidades Autónomas aprobados en abril, en la línea de lo establecido en el Procedimiento de Corrección del Déficit Excesivo.
En virtud del grado de aplicación de los planes aprobados, se pondrán en marcha los mecanismos correctores previstos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
3º.- Poner en marcha un instrumento financiero que garantice la liquidez suficiente para que las Comunidades Autónomas puedan hacer frente a sus compromisos financieros.
 

Un mecanismo que incluirá los vencimientos de deuda financiera y comercial. Todo ello, con una condicionalidad y control adicionales del Estado, que requerirá la utilización por parte de las Comunidades Autónomas de su capacidad normativa y de decisión en el ámbito de ingresos y gastos.
En tercer lugar, se va a proceder a una revisión integral de la función pública. El empleo público debe adaptarse a la realidad económica del momento.
 

La partida de sueldos y salarios de la Administración es una de las de mayor cuantía de los Presupuestos. El número de empleados públicos ha crecido de forma considerable en los últimos años; piensen, Señorías, que desde que se inicia la crisis económica en 2007, se han destruido en el sector privado más de 2.900.000 empleos, mientras que en el sector público, el número de empleados ha crecido en 289.000 personas. Para buscar un mejor equilibrio en el ratio empleo público / empleo privado, más allá de la no reposición de efectivos que se ha introducido en el Presupuesto de 2012, se tomarán medidas adicionales que permitan avanzar hacia un modelo de Administración que, con mayor eficiencia, sea capaz de generar ahorros en este terreno.
 

Por poner un ejemplo:
- Se reducirá el número de días de libre disposición.
- Se ajustará el número de “liberados sindicales”, a lo dispuesto estrictamente en la Ley.
- Se equipararán las condiciones en situación de incapacidad temporal a las del resto de trabajadores.
- Se facilitará la movilidad de los empleados públicos.
Y, dadas las circunstancias de la economía, excepcionalmente graves, pedimos un esfuerzo, también excepcional, a los empleados y altos cargos públicos. En este año 2012, se suspenderá el abono de la segunda paga extraordinaria.
 

Esta medida se aplicará a los altos cargos de la administración central, autonómica y local. Y solicito que ese esfuerzo sea también compartido por quienes ostentamos el cargo de diputados y senadores.
Y solo en el caso de los empleados públicos, esta suspensión será compensada, a partir de 2015, con la correspondiente aportación en forma de fondo de pensiones.
Y, en cuarto lugar, vamos a reducir significativamente el número de empresas y fundaciones públicas. Por ello, acometeremos la segunda fase del Plan de reestructuración del Sector Público Empresarial y Fundacional.
 

Hasta aquí las decisiones que iremos adoptando en el ámbito de la reforma de las Administraciones Públicas, que indudablemente tendrán una enorme trascendencia en la contención del gasto público. Pero, irán acompañadas de otras medidas presupuestarias.
 

Concretamente, en materia de gastos, se va a proceder a un nuevo ajuste en las partidas de gasto de los departamentos ministeriales en 600millones de euros. En lo que queda de 2012, se reducirán créditos presupuestarios destinados a subvenciones, a los gastos corrientes y a transferencias.
 

Les anuncio, asimismo, que en los Presupuestos para el año 2013 se incluirá un nuevo recorte del 20% en la subvención destinada a partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales, que se añade al que ya se hizo en estos presupuestos para el año 2012.
 

A fin de garantizar su sostenibilidad, se racionalizará el gasto en el sistema de dependencia, revisando el baremo y las prestaciones económicas.
 

En materia de empleo, se suprimirán gran número de las actuales bonificaciones a la contratación, salvo las relativas al nuevo contrato para emprendedores o a la inserción laboral de las personas discapacitadas.
 

Se va a proceder a una revisión del modelo de prestaciones por desempleo, garantizando que éstas no generan efectos desincentivadores en la búsqueda de empleo, siguiendo el ejemplo de algunos países de la UE.
 

No se modificará el periodo máximo de duración de la prestación, 24 meses, y se mantendrá el importe actual durante los primeros seis meses de la misma. Pero, para animar la búsqueda activa de trabajo, los nuevos receptores que se incorporen a la prestación la verán reducida a partir del sexto mes del 60% al 50% de la base reguladora.
 

Asimismo, se exigirá haber trabajado previamente para acceder a la Renta Activa de Inserción.
 

También quiero señalar que en materia de Seguridad Social, les anuncio que tengo la intención de llevar al Pacto de Toledo un Proyecto de Ley para acelerar la aplicación del factor de sostenibilidad y abordar el
tratamiento de la jubilación anticipada; tal y como establece en su Recomendación de la Unión Europea.
 

Presento en esta Cámara un paquete de medidas equilibrado, que combina ajustes de gasto con iniciativas por el lado de los ingresos, siguiendo las recomendaciones efectuadas por el Consejo Europeo. Paso a referirme a las actuaciones en materia de ingresos.
 

Este viernes el Consejo de Ministros aprobará medidas adicionales de ingresos que coadyuven a cumplir la senda fiscal comprometida con nuestros socios europeos. Y que, además, supondrán el inicio de un cambio en la estructura tributaria de nuestro país de acuerdo con las propias Recomendaciones europeas.
 

Por eso, elevaremos la imposición indirecta, aumentando el IVA y la fiscalidad medioambiental, y reduciendo la imposición sobre el empleo.
 

En concreto, el tipo general del IVA aumentará tres puntos, del 18 al 21%. El tipo reducido, del 8% al 10%. Y se mantiene el tipo superreducido en el 4% para productos de primera necesidad.
 

Por otro lado, las cotizaciones sociales bajarán un punto en 2013 y un punto adicional en 2014.
 

En fin, Señorías, se trata de cumplir con lo establecido en el Programa de Estabilidad del Reino de España y, mediante una mayor imposición indirecta, reducir la brecha fiscal para favorecer la creación de empleo.
 

Asimismo, se realizará una reforma de la tributación medioambiental impulsando en nuestro sistema impositivo el principio “quien contamina paga” ya arraigado en países de nuestro entorno.
 

Dentro de la imposición indirecta, contemplamos la subida de la imposición sobre el tabaco.
 

Adicionalmente, se realizarán modificaciones en el sistema de pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades.
 

Por otra parte, en línea con las Recomendaciones de la Unión Europea, se procederá a la eliminación de la deducción por vivienda para los nuevos compradores a partir de 2013.
 

En su conjunto, el paquete de consolidación fiscal, incluyendo ingresos y reducción de gastos, representará una cifra de 65.000 millones de euros en los próximos dos años y medio.
 

Junto con la inevitable consolidación fiscal debemos acometer, las reformas estructurales que nuestra economía necesita para recuperar su competitividad y flexibilidad y generar crecimiento y crear empleo. Para ello, el Gobierno ha puesto en marcha un ambicioso programa de reformas estructurales. A las tres grandes reformas, como son la reforma del mercado laboral, la del sector financiero y el nuevo marco de estabilidad presupuestaria, se suman un buen número de medidas que hemos ido adoptando y adoptaremos con un único fin: que la economía española sea más competitiva.
 

Es imprescindible acelerar el calendario de estas reformas estructurales. Las actuaciones para mejorar los mercados de bienes, servicios y factores productivos son indispensables para facilitar el crecimiento de la actividad económica y su calidad, así como para competir eficazmente en los mercados internacionales.
 

Debemos llevar a cabo reformas con el fin de reducir costes a los ciudadanos y a las empresas y dinamizar la actividad productiva. De entre las reformas que se van ha llevar a cabo en el corto plazo, destacan las siguientes:
 

En primer lugar, se presentará la siguiente fase de la reforma del sector energético. El coste de la energía condiciona la competitividad de lanuestra economía. De hecho, puede llegar a representar hasta el 50% de los costes de producción de la industria, y además tiene un fuerte impacto en el IPC.
 

Las decisiones de política energética adoptadas durante los últimos ocho años han dejado de lado la prioridad de suministrar la energía al menor coste posible y han conducido a un abultadísimo déficit tarifario al que vamos a dar una solución definitiva.
 

La solución vendrá de un reparto del déficit entre los diferentes sectores implicados a través de un nuevo esquema de fiscalidad energética.
 

En segundo lugar, se va a llevar a cabo un ambicioso programa para garantizar la unidad de mercado de forma efectiva. La unidad de mercado constituye un principio económico fundamental e irrenunciable para el funcionamiento competitivo de la economía española.
 

Vamos a dar una solución estructural al complejo marco regulatorio al que se enfrentan las empresas. Este marco, además de disperso, poco coherente y con duplicidades, provoca la fragmentación del mercado nacional, impide el crecimiento empresarial y eleva sus costes.
 

Se garantizará por ley el principio de eficacia inmediata en todo el territorio nacional de las habilitaciones otorgadas por las Administraciones Públicas y se equipararán los efectos de las acreditaciones y certificaciones. Se eliminará la multiplicación de controles por diversos ámbitos administrativos y, paralelamente, se podrán en marcha los mecanismos necesarios para reforzar la cooperación entre las distintas administraciones públicas.
 

Adicionalmente, se establecerá un mecanismo ágil de resolución de conflictos entre los operadores económicos y las AdministracionesPúblicas, lo que incidirá positivamente en la eliminación de obstáculos a la unidad de mercado.
 

En tercer lugar, debemos profundizar en las reformas y liberalización del sector servicios. Este sector representa en España más de dos tercios del PIB y del empleo, y es, por tanto, uno de los principales motores de nuestra economía. Por ello, debemos garantizar que este sector funciona adecuadamente, eliminando barreras y posiciones anticompetitivas, que sólo tienen el efecto de reducir la calidad de la prestación, al tiempo que aumentan sus precios.
 

Uno de los sectores con mayor potencial de crecimiento y de exportación es el de los servicios profesionales. De hecho, cada vez más se reconoce en el ámbito internacional la posición exportadora del sector de servicios profesionales y de servicios a empresas, como las empresas de consultoría. Para contribuir a potenciar su crecimiento se fortalecerá el principio de libertad de acceso y ejercicio en las actividades profesionales.
 

Por otro lado, a las reformas ya emprendidas en el sector de distribución comercial, se sumara la flexibilización de los horarios comerciales, especialmente en las áreas turísticas, con el fin de mejorar la calidad del servicio y proporcionar a los comerciantes mayor flexibilidad para adoptar las estrategias comerciales que estimen oportunas.
 

Asimismo se llevará a cabo un proceso de liberalización y, en su caso, privatización de los servicios asociados al transporte ferroviario, portuario y aeroportuario.
Señorías, he tratado de informarles con todo detalle que el tiempo permite, sobre los acuerdos del Consejo Europeo, la situación de la economía española y las medidas inmediatas que mi gobierno se propone adoptar.
 

Por lo que se refiere a los acuerdos de la Cumbre, lo urgente es, como señala el documento de Conclusiones, que se sustancien, y que lo hagan con urgencia, para recuperar la estabilidad de los mercados financieros.
 

Por lo que se refiere a España pretendemos, como he dicho, combatir el déficit y avanzar en el programa de reformas de nuestra economía.
 

Sé que las medidas que les he anunciado no son agradables. No lo es cada una de ellas en particular y, menos aún, lo son todas juntas. No son agradables, pero son imprescindibles.
 

Nos encontramos en una situación extraordinariamente grave y es preciso corregirla con urgencia:
Que el dinero para pagar nuestra Deuda Pública nos cueste el 7% significa que buena parte de los sacrificios de los españoles se los lleva el incremento del pago de la deuda.
 

Es así, señorías: necesitamos que nos presten dinero hasta para pagar las prestaciones por desempleo, los sueldos de los funcionarios, la sanidad, la educación, etc. Y los necesitamos porque nuestro gasto público excede en decenas de miles de millones de euros los ingresos. El año pasado, sin ir más lejos, más de 90.000 millones de euros. En eso consiste el déficit. No podemos prescindir de los préstamos del exterior, pero resulta tan caro obtenerlos, que estamos encerrados en un círculo vicioso insoportable, del que necesitamos salir cuanto antes.
 

Estamos viviendo un momento crucial que determinará nuestro futuro, el de nuestras familias, el de nuestros jóvenes, el de nuestro bienestar y el de todas nuestras esperanzas.Esta es la realidad, señorías.
 

Tenemos que salir de este atolladero y necesitamos hacerlo -insisto- cuanto antes. Y aquí no caben ni fantasías ni ocurrencias.
 

Porque no hay mucho para escoger: o reducimos los gastos o aumentamos los ingresos o, si no nos queda más remedio, hacemos ambas cosas.
No disponemos de más ley ni de más criterio que el que la necesidad nos impone. Hacemos lo que no nos queda más remedio que hacer, tanto si nos gusta como si no.
Yo soy el primero en estar haciendo lo que no le gusta.
 

Dije que bajaría los impuestos y los estoy subiendo. No he cambiado de criterios. Ni renuncio a bajarlos en cuanto sea posible, pero han cambiado las circunstancias y tengo que adaptarme a ellas.
 

Hago lo único que se puede hacer para salir de esta postración. No pregunto si me gusta. Aplico las medidas excepcionales que reclama un momento excepcional.
 

Tratamos de avanzar con firmeza por un camino que no es fácil, ni corto, ni agradable, pero que no podemos eludir, porque es el único que conduce a la recuperación y es el que tenemos la obligación de seguir, y el que vamos a recorrer sin vacilaciones, como estamos haciendo desde el primer día.
 

Pero que nadie piense que esto lo pueda resolver un Gobierno en solitario.
Exige la colaboración de todos cuantos tienen la obligación de contribuir al esfuerzo común.
 

Hablo de todos ustedes que representan a la soberanía nacional. Hablo de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos. De los empresarios y de los trabajadores. De los Medios de Comunicación. Hablo, en definitiva, de toda la sociedad.
 

O trabajamos todos unidos para lograr los mismos objetivos, o nuestros esfuerzos serán estériles. O demostramos, de verdad, que somos una Nación dispuesta a sacrificarse para conquistar un futuro mejor, o no merecerá la pena el esfuerzo.
 

Sé que los pasos que estamos dando y los que vamos a dar, duelen a cada persona, a cada individuo, como consumidor, como pensionista, como ama de casa, como lo que ustedes quieran. Duele que los ingresos se reduzcan y duele que los impuestos suban.
 

Pero hemos de hacerlo, porque gracias a esos sacrificios individuales, podremos salvar lo que compartimos.
 

Los españoles hemos llegado a un punto en que no podemos elegir entre quedarnos como estamos o hacer sacrificios. No tenemos esa libertad. Las circunstancias no son tan generosas.
 

La única opción que la realidad nos permite es aceptar los sacrificios y renunciar a algo, o rechazar los sacrificios y renunciar a todo.
 

La única pregunta que debe importarnos es: ¿Servirá de algo?
 

¿Servirán de algo tanta estrechez y tantas apreturas?
 

La respuesta es un sí con toda rotundidad.
 

Yo no tengo ninguna duda, señorías. No ocuparía este puesto si la tuviera.
 

Estoy convencido de que al final del sacrificio nos espera la recompensa.
 

España tiene solución, porque conserva fortalezas económicas, estructurales, demográficas, incluso morales que nos permitirán, una vez que abandone este atasco de las finanzas y del déficit, recuperar, paso a paso, todo lo que hemos perdido.
 

La tarea no será sencilla, ni rápida, ni agradable. Será difícil, exigirá sacrificios y llevará tiempo.
Pero puede hacerse, podemos hacerlo, lo estamos haciendo ya. No será un sacrificio estéril, porque nos permitirá alcanzar todo lo que nos hemos propuesto.
 

Y que nadie imagine que vamos a recortar nuestras ambiciones para España.
 

Sería muy cómodo conformarnos con menos, reducir nuestras aspiraciones, limitar nuestro esfuerzo. No lo haremos. No vamos a encoger nuestra ambición de españoles. Queremos todo lo que seamos capaces de conseguir, y trabajaremos sin descanso para alcanzarlo.
 

¿Tiene España el coraje y la determinación necesarios para mantener esta disciplina el tiempo suficiente?
 

Sí. Los tiene y los tendrá, porque sabe lo que se juega en ello, y porque el gobierno que yo presido, y que ha sido elegido por los españoles para esta tarea, cumplirá con su deber, hasta lograr lo que pretende.
 

Lo haremos porque nos empuja, por encima de todo, esa cifra de más de cinco millones de parados.
Ese es nuestro mayor acicate, y no la prima de riesgo, ni el coste de la deuda, ni la salud financiera. Lo que da color y apremio y tristeza son los millones de personas que están pagando las consecuencias.
 

Me importa mucho más la cola del desempleo que todos los equilibrios de la economía, pero debo poner toda mi atención en los equilibrios de la economía, porque de ellos depende el futuro de la cola del desempleo.
Esta es nuestra legitimidad moral, señorías. Esto es lo que da sentido al esfuerzo, al sacrificio y a las privaciones. Esto es lo que nos justifica y nos apremia y nos compromete a no relajarnos hasta lograr nuestro propósito.

Porque estamos hablando de la esperanza de millones de familias y, muy en especial, de esa juventud española que aguarda para asomarse a un futuro del que todavía no hemos logrado abrirle las puertas.
Lo haremos, lo estamos haciendo, y les aseguro, Señorías, que, con la ayuda de todos los españoles, seguiremos hasta el final sin cambiar ni el rumbo, ni el ímpetu, ni la constancia.
 

Nada más, señor Presidente, y muchas gracias."