miércoles, 7 de octubre de 2015

Hay que investigar la responsabilidad de los encargados de la tramitación del texto refundido del Plan General

La sentencia que declara nulo el texto refundido del Plan General de Ordenación, pone de manifiesto una serie de irregularidades en la tramitación de ese expediente que nos parecen de extrema gravedad y que, como mínimo ponen de relieve una actuación política por parte del Gobierno local que deja mucho de desear. Además hay que investigar si la actuación administrativa por parte de determinados funcionarios ha sido la obligada, porque en la sentencia se enumeran numerosos incumplimientos de la legalidad y queremos saber de quién es la responsabilidad en cada caso.

Entre esas irregularidades la sentencia afirma que no se incorporó informe del Secretario ni de los Servicios Técnicos, que los funcionarios municipales fueron ajenos al trabajo del equipo redactor en la refundición del texto, que se eludió la competencia del Pleno, que ni siquiera consta acto expreso del alcalde de aprobación del texto refundido y que el propio texto tiene graves deficiencias y omisiones.

Todo ello nos lleva a plantear las siguientes actuaciones:

1) Pedir a la alcaldesa que no recurra esta sentencia, dado que únicamente serviría como maniobra dilatoria para evitar su cumplimiento.

2) Pedir un informe jurídico sobre el alcance y las consecuencias de la sentencia.

3) Pedir a la alcaldesa que informe de todas las irregularidades en la tramitación del expediente, es decir, por qué se produjeron, quién tomó la decisión de no llevar el asunto al Pleno, quién tomó la decisión de no pedir o no emitir una serie de informes necesarios y por qué razones.

4) Cuando el Ayuntamiento tenga que hacer frente a las costas judiciales, pediremos que se instruya un procedimiento para determinar si ha habido una actuación negligente por parte de los integrantes del Gobierno local, actuales o anteriores, así como de funcionarios municipales, y en el caso de que se demuestre negligencia, deberán ser los negligentes los que asuman directamente el pago de dichas costas.

El Gobierno local dice que esta sentencia es por cuestiones formales, pero lo cierto es que demuestra una actuación municipal de desprecio absoluto hacia los procedimientos y hacia las competencias de los concejales que formamos parte del Pleno. Desde el PP no vamos a permitir que se pisoteen los derechos de todos los vecinos, nuestros derechos como concejales y encima nos cueste dinero público.