En el marco de una solicitud de información formulada por el Partido Popular en relación con los procedimientos judiciales en los que está inmerso el Ayuntamiento de Carreño, hemos podido comprobar que en el año 2010, nuestra entidad local pagó 1.545 euros al letrado D. Luis Tuero Fernández, que es el abogado del Sr. Alcalde en los procedimientos penales que le enfrentan a varios funcionarios del Cuerpo local de Policía.
En este punto ha de recordarse que, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado, la defensa de autoridades y empleados públicos por parte de abogados de la propia Administración, es posible “cuando los procedimientos se sigan por actos u omisiones relacionados con el cargo.”
El Partido Popular considera que los procesos penales en los que como querellante o querellado está implicado el Sr. Riego, no tienen que ver con el ejercicio de su cargo, sino que se refieren a hechos acontecidos fuera de las dependencias municipales, y que no guardan relación alguna con el ejercicio del cargo de Alcalde.
Otro aspecto destacable y que recomienda con más claridad aún que el Alcalde asuma su defensa con medios propios, es que la otra parte de los procesos penales son funcionarios del Ayuntamiento que, aplicando la teoría del Alcalde, también tendrían que tener abogados pagados por el Ayuntamiento.
No puede ser que todos paguemos una factura que únicamente debe ser satisfecha por el Sr. Riego. Creemos que es indecente que en caso como este, todos los vecinos sostengamos con dinero público la defensa de un Alcalde acusado de agresión por un subordinado suyo que ostenta la condición de funcionario.
Por todo lo expuesto, pedimos que el Sr. Riego informe a todos los vecinos de cuánto dinero ha pagado el Ayuntamiento de Carreño a su abogado por este tipo de asuntos, y que devuelva esas cantidades. Resulta moralmente insostenible que el Ayuntamiento pague al abogado del presunto agresor, mientras el presunto agredido, que es funcionario del Ayuntamiento y al que le resulta aplicable la misma norma que al Alcalde, no tiene reconocido el mismo privilegio.
LA NOTICIA EN LA PRENSA: