Según informan hoy los diarios regionales La Nueva España y El Comercio, el Ayuntamiento ha decidido desalojar una nave destinada a usos municipales. Sabemos por la prensa que existía un informe técnico fechado hace dos años y que alertaba del deficiente estado de conservación de dichas instalaciones. En el referido informe se recomendaba la adopción de determinadas medidas. Pues bien, dichas medidas, después de más de dos años, han brillado por su ausencia. Ahora, es decir, tarde, y por la presión de las denuncias sindicales, el Ayuntamiento hace lo que es su obligación. Pues bien, estos hechos ponen de manifiesto, una vez más, la dejadez y pasividad manifestadas en la gestión de asuntos vitales para el municpio como son todos los relativos al urbanismo. Al igual que ocurrió con Ortiz, el Ayuntamiento ha hecho caso omiso de sus obligaciones legales, establecidas en el Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, respecto de instalaciones respecto de la cuales es responsable. El Ayuntamiento ha ignorado las medidas de seguridad más elementales.
Llueve sobre mojado, y por ello, después de hechos tan graves como el derrumbe de Ortiz, y el desalojo que hoy hemos conocido de una instalación municipal, existiendo informes técnicos con más de dos años de antigüedad que aconsejaban la adopción de medidas que han sido omitidas, desde el Partido Popular de Carreño reiteramos lo ya señalado en ocasiones anteriores: es hora de que el Alcalde asuma su responsabilidad y revoque las competencias delegadas en materia de urbanismo en la concejal Melania Álvarez. Es inadmisible que la existencia de hechos tan graves que ponen de manifiesto una dejadez absoluta en materia de urbanismo, y en este caso concreto con grave peligro para la seguridad y la salud de las personas, se salde una vez tras otra con la estrategia del silencio, o de echar balones fuera.