Fue el 8 de agosto cuando saltó a la luz el escándalo de las facturas que incluían servicios no realizados en el ámbito de la recogida de perros errantes, a raíz de la denuncia hecha pública por la propietaria de la guardería canina. Como se sabe, una de las cuestiones relativas a este servicio, es que se venía prestando sin contrato administrativo tal y como exige la ley, y esa falta de contrato fue lo que facilitó incurrir en facturas sin crédito, así como en enjuagues como los propuestos por los socialistas en las conversaciones conocidas.
Pues bien, lo increíble del asunto es que, pese al escándalo que obligó a dimitir al primer teniente de alcalde hace un mes, resulta que el Ayuntamiento sigue sin contrato, es decir, seguimos en la ilegalidad.
En este punto hay que señalar una circunstancia muy anómala, y es que el servicio se ha sacado a licitación, pero el mismo ha quedado desierto por falta de presentación de ofertas. Así se determina en una resolución de la alcaldesa de 17 de agosto. Lo sorprendente y anómalo del caso, es que mientras a la guardería canina que venía prestando el servicio, se le facturaron más de 40.000 euros en un solo año, este contrato se sacó a licitación por 14.000 euros por dos años, es decir, 7000 euros al año. La pregunta es, ¿cómo es posible sacar el contrato con un precio tan bajo conociendo los antecedentes?. A la vista de lo anterior, lo que nos preguntamos es si el Gobierno realmente buscaba que la licitación quedara desierta, porque tal parece por las condiciones ridículas establecidas.
Llama la atención que con todo lo que ha llovido, y después de años sin contrato, sigamos así. Ya sabemos que la alcaldesa está en modo pasar de todo y centrarse en lo suyo que es la propaganda previa a las elecciones, pero desde el PP le seguimos exigiendo responsabilidad y que deje de jugar con el dinero de los vecinos.
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