El pasado mes de
diciembre, con el voto a favor del PP y Somos, la abstención de IU y el voto en
contra del PSOE, el Pleno del Ayuntamiento aprobó un acuerdo para que ninguno
de los concejales perciban cantidades por asistencias a organismos externos. Se
trata de una medida impulsada en el ámbito de Carreño por el PP, adoptada
asimismo en otras instituciones como el Ayuntamiento de Gijón y la
Administración del Principado de Asturias, a través de una modificación legal,
también promovida por el PP.
De todas las
cantidades percibidas por asistencias, la más escandalosa era la del Puerto de
Gijón, organismo en el que la alcaldesa venía percibiendo 1.100 euros por
reunión con el límite de 8000 euros, si bien el año pasado, y aplicando las
restricciones que en dichas cantidades ha puesto el Gobierno de España, dicha
cantidad fue reducida. Concretamente, y por los datos de que disponemos,
Amelia Fernández percibió 5.839 euros brutos por cinco reuniones del Consejo de
Administración del Puerto de Gijón en 2016. Asimismo nuestros representantes
municipales venían percibiendo cantidades por asistir a las reuniones del
Consorcio de Aguas (CADASA), y el Consorcio de Servicios Tecnológicos (CAST).
De este modo, en
virtud del acuerdo adoptado en diciembre, ni la alcaldesa ni el primer teniente
de alcalde, que ya cobran un salario como ediles liberados (en el caso de la
alcaldesa, salario incrementado este año un 4% y un 8% en 2017), ni tampoco el
resto de concejales que no estamos liberados, tenemos ya derecho a percibir
cantidades por esas asistencias, sin perjuicio de que si por ejemplo hay gastos
por desplazamiento con motivo de esas reuniones, sí existiría el derecho a la
indemnización correspondiente.
Pues bien, frente a
dicho acuerdo, el grupo municipal del PSOE interpuso un recurso administrativo
del que tuvimos conocimiento el pasado mes de marzo, y que probablemente irá al
Pleno de este mes de abril. Los socialistas sostienen que el Pleno no tiene
competencia para regular esta cuestión, y piden que se anule el acuerdo de
diciembre.
No se entiende la actitud del PSOE contra una
medida ejemplarizante, que busca la austeridad y evitar excesos como el del
Puerto de Gijón. En cuanto al aspecto jurídico, esta misma medida fue adoptada
en Gijón y recurrida por el gobierno municipal, y tanto el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo como el Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
sostuvieron que el Pleno es competente para decidir el estatuto retributivo de
los concejales, es decir, si pueden percibir o no este tipo de percepciones.
Por todo ello el PP votará en contra de estimar este recurso del PSOE, y en
definitiva, queda en manos de Somos e IU que la alcaldesa vuelva a
percibir o no estas cantidades por ostentar la representación municipal.
Esperamos que en este caso no entren en el juego de los socialistas.
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