viernes, 10 de septiembre de 2010

LA INCOMPETENCIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL CUESTA OTROS 100.000 EUROS AL AYUNTAMIENTO DE CARREÑO

El Pleno del Ayuntamiento de Carreño aprobó en la sesión extraordinaria celebrada el jueves, 9 de septiembre, un expediente de modificación de crédito, con el objetivo fundamentalmente de dar destino a 750.000 euros procedentes del remanente de tesorería. De esa cantidad, 100.000 euros se van a destinar a financiar la construcción de la acera de el Llagarón con dirección a la piscina.
Ha de recordarse que el pago de la construcción de la acera, corresponde a la empresa constructora encargada de la edificación de las parcelas 4, 5 y 6 del Plan Parcial de Piñeres, que se comprometió formalmente a su realización, quedando la licencia de primera ocupación condicionada a la finalización de dicha obra.

Pues bien, el 11 de septiembre de 2009, hace casi un año, la empresa en cuestión pidió la licencia de primera ocupación. ¿Qué hizo el Ayuntamiento? En vez de denegar la licencia de primera ocupación como consecuencia de la no realización de todas las obras comprometidas, el Ayuntamiento no resolvió la solicitud en su día formulada, con lo que dicha licencia fue otorgada por silencio administrativo. Esto es lo que la empresa dice, y debe señalarse que en el Pleno del 9 de septiembre, el Gobierno no desmintió dicha afirmación. De facto, la realidad es que la licencia es operativa, dado que las viviendas en cuestión están ocupadas.

En definitiva, en el momento actual, nos encontramos con una obra que debe ser costeada por la empresa constructora, y que finalmente va a ser pagada por el Ayuntamiento, a causa, una vez más, de la dejadez y negligente gestión del Gobierno municipal.

Desde el Partido Popular queremos denunciar que la falta de rigor del Gobierno municipal en la defensa de los derechos e intereses del Ayuntamiento de Carreño, trae como consecuencia que una parte significativa del remanente de tesorería que podría ser empleado en fines mejores, tenga que servir para pagar una obra que debería ser costeada por una empresa privada. Al final, este asunto terminará en los tribunales, con el gasto que ello conllevará para las arcas municipales.

Se constata una vez más la incompetencia más absoluta de los gobernantes de Carreño en la gestión del dinero de todos los ciudadanos.