El PSOE e IU han privatizado la elaboración del desarrollo
urbanístico del concejo, es decir, han encargado a un arquitecto privado lo que
debería hacer el arquitecto municipal.
En el Pleno del pasado mes de julio se informó del conjunto de
resoluciones firmadas por la alcaldesa en el mes inmediatamente anterior, el de
junio. Entre dichas resoluciones hay una de 16 de junio en la que se adjudica a
un arquitecto el contrato de servicios menor de redacción del plan especial de
la fábrica de conservas Albo por importe de 8.221 euros. Pues bien, en relación
con esta resolución y este gasto, y desde el respecto a la profesionalidad del
arquitecto contratado de la que no dudamos, desde el PP queremos poner de
relieve varios aspectos que ponen en cuestión la actuación de la alcaldesa:
1) Nos extraña que haya sólo dos ofertas entre las que se ha
producido la adjudicación, cuando la regla general es la existencia de tres.
Creemos que en el caso de que una de las empresas invitadas a presentar oferta
no lo haya hecho, desde el Ayuntamiento se debió solicitar otra oferta más al
objeto de cumplir la regla general de que en los contratos menores haya tres
ofertas entre las que se decida la adjudicación.
2) Debemos denunciar que este contrato es un derroche. Lo
decimos porque el Ayuntamiento tiene dos arquitectos (el municipal y la de la
Mancomunidad), así como dos arquitectos técnicos, ambos en la plantilla
municipal. Pues bien, es injustificable que un trabajo de la relevancia de la
redacción de un plan especial de desarrollo del plan general de ordenación
(PGO), sea realizado por un arquitecto privado en lugar de su elaboración por
personal funcionario que tiene la preparación y la imparcialidad necesarias
para llevar a cabo ese trabajo.
3) El PSOE e IU, que son los que pactaron incluir este gasto en
el presupuesto, y a los que se les llena la boca criticando privatizaciones
imaginarias en otros ámbitos, resulta que con esta contratación han privatizado
la elaboración del desarrollo urbanístico del concejo, es decir, han encargado
a un arquitecto privado lo que debería hacer el arquitecto municipal, que para
eso está en la plantilla municipal.
Este gasto de más de 8000 euros en la redacción de un plan que no debería
costar ni un euro porque debería estar entre las funciones del arquitecto
municipal o en su defecto de la arquitecta de la Mancomunidad, es otro ejemplo
del cinismo de una izquierda que es la primera en privatizar lo que le
interesa, además de gestionar pésimamente tanto los recursos como el personal
municipal. El Plan General de Ordenación sigue costando dinero a los vecinos de
Carreño sin solucionar los principales problemas urbanísticos del concejo.
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