Cuando se trata de abordar un problema,
resulta conveniente ir a los orígenes, a la raíz. En el caso que nos ocupa, el
Partido Popular entiende que, con carácter general, el problema esencial de este Ayuntamiento, y
también es aplicable al presente caso, es la mala dirección política que imprime
el Gobierno, y sobre todo, que la alcaldesa y su equipo gestionan concienzudamente
mal los asuntos más importantes. Es cierto que se entretienen con los fuegos
artificiales, las fotos y el colorín, pero estamos al final del mandato, y todos los problemas vigentes al inicio del
mismo hace más de tres años, ahí siguen mirándonos, pendientes de resolución.
Hecha la consideración general anterior,
vayamos a lo concreto. ¿Qué ha fallado de manera estrepitosa en este asunto que
hoy nos ocupa?. Pues algo tan sencillo como que se ha prestado un servicio, el
de guardería canina, sin contrato
administrativo que lo respalde, y se han generado unos gastos, unas facturas, sin
crédito disponible en el presupuesto municipal. Son actuaciones irregulares, fruto de la falta de planificación del
Gobierno, que tienen consecuencias negativas para todos: vecinos, proveedora y
organización local.
Sobre la prestación de servicios o de
suministros sin contrato, desde el Partido Popular venimos alertando desde hace
mucho. Nos hemos referido en numerosas
ocasiones al suministro de combustible, ya contratado después de mucho
insistir, pero aún están pendientes el material de oficina, y el suministro de
energía. También nos hemos referido a la necesidad de unir las licitaciones de
obras de características similares como los arreglos de caminos en el ámbito
rural, o reparación de vías urbanas. Lo hacemos no porque queramos molestar a
nadie, sino porque es nuestra obligación velar por una gestión más pegada a la
legalidad y más eficiente, y es que con licitaciones más abiertas, que permitan
la participación de más empresas, podríamos conseguir resultados más
competitivos para el Ayuntamiento. Sin embargo, es muy triste que para el PSOE, estas demandas
de mejora en la actividad administrativa municipal, sean concebidas como un
ataque o un intento de obstaculizar.
Pero es que no nos hemos limitado a
plantear la necesidad de que se lleven a cabo determinadas licitaciones,
también hemos propuesto acciones concretas en el ámbito de las necesidades de
personal en materia de contratación administrativa. Así consta en el acta de la
sesión plenaria celebrada el 23 de febrero de 2017, en la que se abordó una
modificación de la relación de puestos de trabajo, y nosotros decíamos respecto
de la propuesta de creación de la jefatura de sección de Recursos Humanos:
“En
cuanto a la jefatura de sección de recursos humanos, es evidente que ante la
pérdida del puesto por parte del tesorero por quien lo venía desempeñando,
debido la obtención por concurso del mismo de una funcionaria con habilitación
nacional, es necesario configurar un puesto de trabajo para la adscripción a
dicho puesto de este funcionario que venía siendo tesorero y que tiene la
condición de funcionario municipal. En ese sentido, nos parece bien que se le
atribuyan funciones en materia de gestión de recursos humanos, pero creemos que
en este ayuntamiento, en este momento el área administrativa que debe ser
reforzada es la contratación. En primer lugar, porque observamos que no hay
medios personales suficientes para afrontar el volumen de la contratación. De
hecho, las obras del presupuesto no se ejecutan en plazo, y lo mismo cabe decir
de las que derivan del remanente, y como hemos dicho en diferentes ocasiones,
hay servicios fraccionados que siguen sin ser contratados. En segundo lugar, no
puede obviarse que este es un municipio de menos de 11.000 habitantes que tiene
un secretario municipal que no lleva el día a día de la contratación
administrativa, ni de bienes, ni de gestión de subvenciones, ni de expedientes
sancionadores, ni de licencias, ni de disciplina urbanística porque hay otros
técnicos encargados de ello, por lo que no es una barbaridad decir, como
decimos nosotros, que el secretario puede ocuparse principalmente de los
asuntos de recursos de humanos. Por lo tanto, respecto de este puesto,
consideramos que no se hace el enfoque más adecuado desde el punto de vista de
sus funciones, dado que esta nueva jefatura debería colaborar en el ámbito de
la contratación administrativa.”
¿Y saben lo que contestó por aquel
entonces el primer teniente de alcalde?.
“Y
con respecto a los puestos en sí que no estáis de acuerdo, el Jefe de Sección
de Recursos Humanos que entendéis que en contratación hace falta más gente, te
señalo que hay 3 personas en contratación. En recursos humanos ahora mismo
estaba el Secretario. Hacía más falta. El funcionamiento interno del
Ayuntamiento hay que saberlo y hay que conocerlo y patearlo día a día, y en
Recursos Humanos estábamos muy en precario.”
Es importante recordar esto, porque
ahora la alcaldesa esgrime la carencia de personal en el área de contratación
para justificar actuaciones que se tenían que haber hecho y no se hacen, cuando
hace un año y medio su gobierno decía lo
contrario. Sinceramente es algo que no nos sorprende porque en esto, el tiempo
también nos ha dado la razón. No en vano, hace pocos meses el Gobierno incorporó a una persona al área de
contratación, cosa que no hubiese tenido que hacer de haber tenido en cuenta la
sugerencia del PP respecto de las funciones de la actual jefatura de Recursos
Humanos.
¿A dónde nos lleva todo esto?. A que en
el servicio de guardería canina hay facturas sin pagar porque no existe un
contrato que regule el servicio, porque si hubiera contrato, existiría crédito
en el presupuesto y no sería posible contraer gastos sin consignación. En ese
sentido, el servicio de guardería canina ha sido víctima de la mala
planificación que, como hemos explicado, afectado a otros ámbitos de la
actividad municipal.
La alcaldesa dice que no hay personal
para tramitar los contratos, y arguye también que no se licitó el servicio
hasta hace pocas semanas porque tenían que calcular su coste, pero lo cierto es
que la ley que regula en el ámbito del Principado la situación de los perros y
gatos errantes, y las obligaciones
municipales respecto de dichos animales, fue aprobada el 23 de diciembre de
2002, es decir, hace 16 años. En consecuencia, este servicio y la necesidad de
licitación, no nacen a partir de junio de 2016, que es cuando la residencia
Arco Iris empezó a prestar servicio para el Ayuntamiento en virtud de acuerdos
verbales de su propietaria con la alcaldesa, sino que es muy anterior. Por lo
tanto, en este caso, igual que en otros servicios, obras, y suministros
municipales, hay un funcionamiento deficiente que tiene carácter estructural y que
lleva a que teniendo que haber contratos, no los haya.
Como señalaba, la ausencia de contratos,
facilita los compromisos de gasto sin crédito, y esto es lo que ha pasado en el
caso que nos ocupa.
Sin embargo, que no haya contrato
tampoco explica del todo la situación de las facturas, porque aunque no exista
un control previo de la Intervención, nada impide que la alcaldesa y los
concejales del gobierno, ejerzan respecto de su actividad y sus decisiones con
incidencia en el gasto, un autocontrol que evite incurrir en gastos sin
respaldo presupuestario.
En el caso de la guardería canina, nadie
duda de que hay una obligación municipal respecto de los perros abandonados,
pero de nuevo nos encontramos con un ejemplo de pésima gestión y nula
planificación. Vayamos al año 2017. Si
el 8 de mayo de ese año, se aprobó el
presupuesto que entró en vigor un mes después, ¿cómo es posible que sólo dos
meses más tarde, en agosto, no hubiera dinero
para pagar las facturas?. Si entre julio y diciembre de 2016 se gastó 10.000
euros en este servicio (esa es la cantidad real, pese a que dos facturas fueron
registradas en enero de 2017), ¿por qué no se adaptó la partida del presupuesto
de 2017 a la realidad?. ¿Por qué no se hicieron las modificaciones
presupuestarias para evitar esta situación de gastos sin crédito?. Lo cierto es
que Carreño viene recogiendo perros desde hace muchos años, por lo que no se
entiende el argumento de la alcaldesa en
el sentido de que tenían que dejar pasar el tiempo para sacar el servicio a
licitación y calcular su coste.
Pues bien, llegados a este punto nos
encontramos en junio de 2018 con un expediente de reconocimiento extrajudicial
de facturas por importe de 300.000 euros, un expediente que sucede a otro
aprobado seis meses antes por otros
200.000 euros. Así pues, hay que aclarar
que en la Comisión de Hacienda se da cuenta a los grupos de las facturas, pero
la existencia de facturas sin consignación sólo se conoce por parte de los
grupos de la oposición, en el momento que el Gobierno lleva este asunto al
Pleno, que es el órgano competente respecto de esta cuestión.
De este modo, que los concejales que
tenemos que aprobar esos gastos, pidamos información y queramos cerciorarnos
con los informes necesarios de la naturaleza y características de los que
estamos aprobando, es algo lógico y hasta exigible de quien como nosotros,
tiene entre sus funciones controlar al Gobierno y cumplir y hacer cumplir las
leyes en el ámbito de nuestras responsabilidades.
Es comprensible que pueda haber gastos
imprevistos sin consignación, pero no lo es en la cuantía de la que estamos
hablando en este expediente, y menos aún respecto de muchos gastos ordinarios
que deberían estar planificados y contratados. Es por ello que, a la espera de
la información necesaria en relación con cada factura, el Pleno rechazó el
abono de las facturas sin consignación en las sesiones de junio y julio.
Precisamente al día siguiente del Pleno
de julio que se celebró el 26 de ese mes, es decir, el 27 de julio, este
portavoz recibió un correo electrónico de la propietaria de la guardería canina
Arco Iris, en el que me manifestaba que quería hablar conmigo del asunto de las
facturas. Hasta ese momento no había tenido comunicación ninguna con esta
persona, y quiero dejarlo claro, porque el PSOE ha insinuado que el PP votó la
cuestión de las facturas sabiendo el problema que había con la guardería
canina, y hablo del problema que deriva de las palabras grabadas al concejal
Gabriel Rodríguez. Esa insinuación es totalmente falsa. Este concejal,
acompañado de una persona que forma parte de la junta local del PP de Carreño,
tal y como se ha constar en la denuncia a la que me referiré posteriormente,
habló por primera vez con la propietaria de Arco Iris, y tuvo conocimiento de
todas las cuestiones que esta persona pudo transmitirse, en una reunión
celebrada el 2 de agosto.
De este modo, este portavoz tuvo
conocimiento el 2 de agosto, de estos hechos que paso a destacar, tal y como
están relatados en la denuncia presentada el 8 de agosto:
El principal punto de fricción de la propietaria
de la residencia con el Ayuntamiento, surgió del hecho de que hay cuatro
facturas de 2017 que ascienden a 15.800 euros del total de 42.000 de todo el
año, (agosto, septiembre, octubre y noviembre), que no fueron abonados por
falta de crédito, esto es, los servicios fueron encargados por el Ayuntamiento
a la residencia canina sin que existiera respaldo presupuestario, y eso ha dado
lugar a una situación de impago, y a un expediente de reconocimiento
extrajudicial de esas y otras facturas, que aún no ha sido resuelto por el
órgano competente, que en este caso es el Pleno municipal.
Como consecuencia de la falta de pagos por parte
del Ayuntamiento, la propietaria se habría visto obligada a contratar con una
entidad bancaria, una línea de crédito por importe de 8600 euros.
En la reunión del 2 de agosto, la propietaria de
la residencia canina me transmitió que cuando la situación con el Ayuntamiento
empezó a ser tensa por cuestiones como el retraso o la no realización de
determinados pagos por los servicios realizados, llevó a cabo la grabación de
determinadas conversaciones que tienen que ver con las vicisitudes relacionadas
con esta prestación de servicios. En el curso de la reunión me informó del
contenido de esas conversaciones, me puso varias de ellas para que las
escuchara, y posteriormente me las remitió a través del teléfono móvil.
En una de esas conversaciones, grabada el 23 de
febrero de 2018, en la que participan la propietaria de la residencia canina,
su marido y el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Carreño, se
vierten una serie de afirmaciones por parte de
este último, don Gabriel Rodríguez, que son la causa fundamental por la
que me veo en la obligación de presentar esta denuncia, al objeto de que se
clarifique su trascendencia penal. A continuación paso a transcribir ese
contenido correspondiente a la grabación que denomino con el número 1, sin
perjuicio de que junto a este documento, se aportan todas las conversaciones
relacionadas con este asunto de las que he tenido conocimiento. Se transcriben
las partes que ponen de manifiesto que el concejal le señala a la propietaria
que para pagar “los intereses” del crédito que ha tenido que pedir “y más si
quieres”, meta en la facturas perros que no existen y por los que no se ha prestado
ningún servicio
Teniendo
en cuenta que de la grabación se desprende que por parte del concejal don
Gabriel Rodríguez, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Carreño, hay
un comportamiento que, según sus propias palabras, está concertado con la alcaldesa, doña Amelia
Fernández, en el sentido de inducir a una proveedora de servicios municipales,
a incluir en su facturación servicios no realizados (en este caso la guarda de
perros inexistentes), al objeto de pagar de manera encubierta los intereses y otros gastos ajenos a los
servicios contratados, que dicha práctica se habría materializado en al menos
una factura, unido a la sucesiva
facturación de estos servicios durante dos años sin contrato administrativo
alguno, así como al abandono consciente en al menos dos ocasiones de perros
abandonados, de conformidad con lo
establecido en el artículo 5 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que
se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, se proceda a abrir las
diligencias correspondientes que conduzcan al esclarecimiento de los hechos
puestos en su conocimiento.
¿Por qué presenté la denuncia ante la
Fiscalía?. Porque como ciudadano y concejal conocedor de unos hechos que tienen
una apariencia muy dudosa, por decirlo suavemente, la obligación que tengo es
ponerlos en conocimiento del órgano competente para su investigación en el
orden penal. Nosotros no calificamos nada desde el punto de vista penal sino
que los limitamos a trasladar lo que conocemos para su investigación.
Sinceramente creemos que un partido que
está en la oposición y que tantas veces ha puesto sobre la mesa propuestas para
mejorar la gestión, tal y como he relatado en esta intervención, tiene la
obligación de no mirar para otro lado, porque si mirásemos para otro lado,
pasaríamos a ser cómplices, y los vecinos no nos han votado para ser cómplices
de nadie.
Pero es que la propia proveedora, en un
escrito dirigido a la Fiscalía dice textualmente: “ si no es por la asesoría, yo hubiese seguido metiendo perros ficticios
para cobrar mis intereses, ya que desconozco el funcionamiento interno del
Ayuntamiento y puesto que era el teniente de alcalde de acuerdo con la señora
alcaldesa los que me lo proponían…”
Estamos hablando de hechos que tienen
que ver con el ejercicio de los cargos que ostentan la alcaldesa y su primer
teniente de alcalde. No son cuestiones privadas, sino públicas, y relacionadas
con la gestión de competencias municipales y de dinero público.
Hoy no estamos aquí para dirimir la
responsabilidad penal de nadie, porque ese es un asunto que no nos compete. Hoy
estamos aquí para manifestar en este Pleno que tenemos una alcaldesa y un
primer teniente de alcalde, incapacitados políticamente para la gestión del
dinero de los vecinos de Carreño, incapacitados porque han hecho gala de un
desempeño político por debajo de las peores expectativas.
Amelia Fernández y Gabriel Rodríguez no
han tenido ni la capacidad ni las ganas de afrontar y resolver los asuntos más
relevantes durante este mandato, y en lo atinente a la guardería canina, no han
sido capaces de sacar un contrato para la gestión de este servicio, y se han
comprometido a gastos sin tener crédito.
Amelia Fernández y Gabriel Rodríguez, de
común acuerdo y lo digo porque lo hemos podido escuchar de boca del señor
Rodríguez, para tapar su incompetencia, animaron a una proveedora a facturar lo
que no debía. Digo que para tapar su incompetencia, porque si la propietaria de
la guardería tuvo que pedir un crédito por los impagos municipales, fue porque
el Gobierno local incurrió en la situación de facturas sin respaldo
presupuestario, y eso se debió a que ni había contrato ni se hizo una buena
presupuestación. Si los pagos hubiesen sido hechos correctamente, ni hubiese
habido línea de crédito ni se hubiese
tenido que producir la oferta de meter en facturas servicios no realizados de
manera efectiva.
A todo lo anterior se unen ejemplos de
una pésima gestión, como ese correo en el que el primer teniente de alcalde le
dice a la proveedora de la guardería canina que los servicios prestados en
noviembre y diciembre de 2016, los facture en enero de 2017, porque se habían
quedado sin dinero. Esto equivale a alterar las fechas de las facturas para
eludir el pago de esos dos meses por la vía del reconocimiento extrajudicial
que es precisamente competencia de este Pleno. Estamos pues ante una
triquiñuela para no seguir el procedimiento legalmente establecido.
Finalmente hay que destacar algo que es
fundamental: el abandono de perros que el concejal reconoce en su conversación
con la proveedora. Lo sentimos mucho, pero la teoría de los perros fronterizos
no nos la creemos. La teoría de que no es lo mismo no recoger en los límites
con Gozón y Gijón que abandonar, nos parece un juego de palabras que no sirve
ni para contener la risa de quien profiere tan disparatado cuento.
De toda esta exposición concluimos que:
1) Las responsabilidades judiciales no son
competencia de este Pleno, y una vez hecha la comunicación de los hechos
conocidos a la Fiscalía, queda en ese ámbito, y ni entramos ni salimos. Que se
pronuncie la Fiscalía como considere necesario.
2) Las responsabilidades políticas son de
otro tenor, y tienen que ver con el cumplimiento de un estándar mínimo de
exigencia en la gestión del cargo público, lo cual conlleva hacer las cosas
mínimamente bien, y en este asunto es claro que a la alcaldesa y al primer
teniente de alcalde, la gestión se les ha ido de las manos. A la incompetencia
habitual en la gestión que han exhibido en tantos otros temas este mandato, se
le ha unido las ganas de tapar dichas carencias con maniobras oscuras
relacionadas con la facturación del servicio.
3) Gabriel Rodríguez lo dice claramente en
la conversación sobre esta cuestión pública: que la alcaldesa sabe todo, y a
posteriori ha calificado su actuación en este ámbito como una “cagada”, propia
de un “pardillo”, “extemporánea”, entre otros calificativos. Pues bien, si todo
eso es así, no queda otra salida que la dimisión, porque para cobrar un salario
público por una dedicación exclusiva como es su caso, es exigible un mínimo de
eficacia y buen hacer que en este caso quedan a miles de kilómetros de
distancia. Vemos que en este Pleno lo acaba de hacer.
4) La alcaldesa sabía todo según decía el primer teniente de alcalde cuando
sucedieron los hechos, y nosotros le creemos, porque su estilo de gobernar es
abarcar todo, apretar poco y no solucionar nada de lo importante. Ella es
corresponsable de esta pésima gestión, y también corresponde su renuncia. Además debe explicar por qué ha gastado 600 euros en un informe elaborado por un abogado penalista para tratar de justificar que se no ha cometido ningún delito.
5) Aprendan a diferenciar lo personal de lo
político. Nadie les critica por ninguna cuestión personal sino por cuestiones
relativas a su mala gestión. No se escuden en una inexistente persecución para
no responder de sus actos. Desde el PP les deseamos lo mejor en sus vidas
personales, pero esto no es una pandilla. Esto es una Administración Pública
que funciona de acuerdo con la ley.
6) ¿Se dan cuenta la alcaldesa y el primer
teniente de alcalde que su forma de actuar en este asunto, lo que sabemos a
ciencia cierta que han dicho respecto de las facturas, genera una crisis de
confianza de la ciudadanía con este Ayuntamiento?. Muchos vecinos nos trasladan
su desconcierto, y reflexionan en el sentido de que si el Gobierno local actúa
así con las facturas de algo no tan relevante para la gestión municipal como la
guardería de perros errantes, ¿qué no hará en los asuntos más importantes?. Son
dudas legítimas que surgen del mal hacer en la gestión pública.
7) La alcaldesa es libre de hacer caso omiso a este
Pleno, pero nosotros les pedimos que no tenga más apego al sillón que a la
dignidad del cargo que a estas alturas detenta, y presente su renuncia
para restaurar la confianza de los vecinos en el adecuado funcionamiento de
esta institución.
LA NOTICIA EN LA PRENSA:
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El teniente de alcalde presenta su dimisión por el caso de las facturas
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