Los ochos años de gobierno
del PSOE de Rubalcaba han dejado a España en la situación más complicada de su
historia democrática:
Han dejado una
deuda de casi 700.000 millones que obliga a pagar 30.000 millones al año sólo
de intereses.
Han dejado un
déficit anual de casi 100.000 millones que obliga a presentar un Presupuesto
con menos dinero para todos los ministerios.
Han dejado una
herencia de millones de desempleados a los que se destinan casi 30.000 millones
al año en prestaciones.
Han dejado una
deuda de 15.000 millones en Sanidad.
Han dejado un
sistema educativo con el mayor fracaso escolar de Europa.
Los cuatro meses del
gobierno de Mariano Rajoy ya han iniciado las reformas que necesita España para
superar la herencia socialista:
La
reforma económica:
Aprobación de la Ley de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Exigencia a las
CCAA el cumplimiento de sus objetivos de déficit.
Se inyectan
30.000 millones a las PYMEs y autónomos obligando a las administraciones a
pagar sus deudas con proveedores.
La
reforma laboral:
Incentiva la
contratación de jóvenes, parados de larga duración y mujeres.
Fomenta la
contratación estable y la formación de los trabajadores.
Reforma la negociación colectiva e introduce elementos de flexibilidad en las relaciones laborales para que el despido sea la última opción.
La
reforma de la Sanidad
Garantiza una
Cartera Común Básica de Asistencia Sanitaria pública, gratuita y de calidad
para todos los españoles.
Establece unos
controles y requisitos para evitar los abusos del turismo sanitario y el
despilfarro farmacéutico.
La
reforma de la Educación:
La Estrategia Nacional
de Calidad reforzará la enseñanza del inglés, reformará la estructura del
Bachillerato, vinculará la FP
a la práctica profesional e introducirá criterios de evaluación.
Se fomenta la
cultura del esfuerzo y mantiene las becas y los salarios docentes.
La
reforma de la Justicia:
Se revisarán
las tasas judiciales para acabar con el colapso de los tribunales.
Los jueces
volverán a elegir a su órgano de gobierno, según la Constitución, acabando de ese modo con el pasteleo del reparto de cargos en función de las cuotas políticas.
La
reforma de la
Administración:
Se reducen
consejeros y hasta 80 empresas públicas.
Se unifican los
ocho organismos supervisores en uno.
Se limita por
ley el sueldo de los directivos de las empresas públicas.
La Ley de transparencia obligará
a publicitar toda información relativa a la gestión del dinero público.
La
reforma bancaria:
El Código de
Buenas Prácticas bancarias convierte los desahucios en la última opción.
Limita por
primera vez el sueldo de los directivos de las cajas que han sido intervenidas
o han recibido ayudas.
